Cristina vigila atentamente la piscina donde desde el 16 de junio trabaja como socorrista. Esta joven de 24 años jamás imaginó que llegaría el día en el que a su vocación de asistente de primeros auxilios sumaría la tarea de controlar el acceso al recinto.

"Tengo órdenes estrictas de no dejar entrar a bañarse a los que no estén al corriente de pago", explica mientras muestra un pormenorizado listado con los nombres de todos los propietarios de una urbanización ubicada en un barrio nuevo de Torrejón y el estado de sus cuentas.

Las órdenes a las que se refiere Cristina le han llegado directamente del presidente de la comunidad y del administrador de la finca después de que los vecinos aprobaran en Junta una medida tan drástica como desesperada: prohibir la entrada a la piscina de la urbanización de los vecinos que no pagan las cuotas y de sus familias.

El objetivo: reducir la deuda de hasta 10.000 euros que soporta la caja común por el impago reiterado de algunos propietarios.En el listado que maneja Cristina, el nombre de seis vecinos y sus viviendas aparecen en rojo. Son los que no pueden entrar.

"Llegó una pareja joven y fue un corte, porque ellos no lo sabían. Están de alquiler y es el propietario el que no paga ni está al día. No les pude dejar pasar. Al día siguiente la deuda estaba saldada y al lado de su nombre en rojo ponía‘pagado’", cuenta la socorrista.

Esta medida disuasoria ha convencido a uno, pero todavía quedan cinco vecinos que no están al corriente en sus pagos. "No han pasado por aquí, porque saben lo que hay", explica Cristina. "De todas formas, el presidente me ha dicho que si aparecen y se empeñan en bañarse, que yo no me enfrente a ellos. Que los deje pasar y después le avisa", aclara.

Uno de los vecinos que ha apoyado la medida de veto que aplica esta comunidad reconoce que "es un jaleo" y no genera buen ambiente, pero lo justifica porque hay deudas muy abultadas y el mal momento económico "lo estamos sufriendo todos", dice.

Impedir a los morosos entrar en la piscina común mediante un listado con su nombre y apellido es una medida que sortea la legalidad, aunque pueda resultar eficaz, tal y como señalan desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas. "La única vía para reclamar las cantidades impagadas es la judicial. El propietario moroso no puede ser privado por esta causa del uso y disfrute de los elementos comunes, como la piscina", recalcan.

Pero algunos vecindarios prefieren correr el riesgo acuciados por las deudas y no solo se limitan a la lista. "Hay bloques en los que no se entrega la tarjeta de acceso a la piscina a quienes no están al corriente de pago", explican desde la empresa Communitas.es, especializada en gestión de fincas.

Por eso, para evitarse ilegalidades y posibles disgustos, otras comunidades "están renegociando los contratos de mantenimiento de piscinas para que les salga algo más barato",reconocen. E incluso hay quien ha optado por cerrar y evitarse este gasto. Es el caso de 600 de las 31.000 piscinas de urbanizaciones que hay dispersas por todas la región (el 2%) y donde este año está prohibido bañarse.