El debate celebrado el jueves en el Congreso para convalidar el decreto de medidas para corregir el déficit no solo supuso la ratificación de la subida del IVA y la eliminación de la paga extra de diciembre para los funcionarios. El Gobierno aprovechó además el momento para anunciar que "corregirá el actual régimen del sistema de plusvalías con el objetivo de luchar contra la especulación".
España tiene un punto de debilidad manifiesta que es su deuda externa y debe cerrar esta brecha El objetivo, según el Ministerio de Hacienda, es establecer un nuevo sistema de tributación progresivo que imponga unos gravámenes mayores a aquellos inversores que obtengan plusvalías "en una mañana" frente a aquellos inversores que buscan una forma de ahorro. ¿Cómo? A falta de más detalles, la idea es establecer gravámenes más altos para las plusvalías —ganancias tras la compraventa de un determinado valor— obtenidas en cortos espacios de tiempo.
Actualmente el impuesto de la renta a los rendimientos del capital —vigente desde 2007 e incrementado el pasado mes de diciembre— tributa al 21% hasta una base de 6.000 euros, al 25% hasta los 18.000 y al 27% a partir de ahí. Al introducir nuevos gravámenes a las especulaciones a corto plazo España aplicaría un sistema similar al de los países de nuestro entorno, según el Gobierno. El IRPF ya fue modificado por el Gobierno en el decreto del pasado 31 de diciembre. Entonces se aprobó un gravamen adicional de entre el 0,75 y el 7% para las rentas del trabajo y de entre el 2 y el 6% para las rentas del capital (plusvalías, ahorro...). Así, el tipo marginal máximo para los trabajadores se sitúa en el 56%, entre los más altos de Europa.
Cristóbal Montoro también adelantó públicamente una modificación en el impuesto de sociedades que elimine parte de las exenciones de las que han disfrutado las empresas hasta ahora. "España tiene un punto de debilidad manifiesta que es su deuda externa y debe cerrar esta brecha", aseguró ayer el titular de Hacienda. La obsesión es aumentar los ingresos públicos y fomentar la austeridad en el gasto, incluso en la empresa privada.
En este sentido, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, se mostró de acuerdo con la propuesta lanzada el pasado martes por el Ministro de Economía, Luis de Guindos, en la que solicitaba una rebaja general de los salarios a la alta dirección de las empresas. "La fiscalidad en las retribuciones de los altos directivos constituye un mecanismos de carácter redistributivo que contribuye a la necesaria solidaridad en estos momentos de crisis", opinó Brufau.
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