El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, anunció este miércoles que la investigación sobre la propiedad del ático alquilado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha sido archivada ante la falta de indicios de delito.
Cosidó culpa al anterior Gobierno de Zapatero de llevar a cabo una investigación "irregular".
En una comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado, el director general de la Policía dio cuenta de las pesquisas abiertas para esclarecer si pudo existir cualquier irregularidad en la compra-venta del inmueble de Marbella (Málaga) alquilado por González.
Cosidó responsabilizó del inicio de las primeras investigaciones, que se remontan al verano del año pasado, y que el Ministerio del Interior considera "irregulares", a responsables de la anterior Administración socialista.
Así, ha detallado que estas pesquisas sobre la vivienda se abrieron por orden de anteriores mandos policiales, sin que quedaran registradas en ninguna base de datos tal y como es preceptivo.
"Fue una investigación irregular que no consta en las bases de datos y en la que no se respetó la habitual cadena de mando y jerarquía", ha destacado.
Suspendido por perder el dossier
Por ello, se suspende de funciones durante diez días al excomisario local de Marbella Agapito Hermés de Dios, que fue quien inició la primera investigación sobre la vivienda. La sanción al comisario Hermés se debe a la pérdida del dossier sobre la investigación que, según el policía, desapareció de un cajón de su despacho.
No obstante, el excomisario general de Policía Judicial José Enrique Rodríguez Ulla, cesado el pasado 2 de julio, decidió reabrir el caso en el mes de junio tras recibir un escrito-denuncia del Sindicato Unificado de Policía (SUP).
En ese escrito, según reveló Cosidó, se denunciaban "comportamientos anómalos" de algunos mandos policiales para conseguir empleos para sus hijos y se emplazaba al comisario a agotar las investigación sobre el ático marbellí.
Sin citar expresamente a Rodríguez Ulla, Cosidó alertó de que las actuaciones policiales jamás deben ser producto de "presiones externas".
Esta segunda investigación tampoco arrojó ningún resultado positivo tras las diversas pesquisas realizadas por la unidad de blanqueo de capitales, lo que ha motivado su archivo definitivo.
Una vez cerrado el caso, Cosidó dejó claro que no va a permitir la repetición de filtraciones interesadas sobre investigaciones policiales que vulneren el derecho a la presunción de inocencia y sirvan para poner en marcha "juicio mediáticos".
El PSOE lo considera un "escándalo político"
Las explicaciones no convencen al senador socialista Enrique Cascallana, que calificó el caso como un "escándalo político".
Cascallana ha acusado al Ministerio del Interior de "proteger" al vicepresidente madrileño
Cascallana acusó al Ministerio del Interior de "proteger" al vicepresidente madrileño que, a su juicio, debería ser el primero en "dar explicaciones" acerca de la propiedad del ático de lujo que tiene alquilado en Marbella.
El senador socialista también pidió a Cosidó que aclare si cesó al comisario general de Policía Judicial por ceder a presiones del SUP.
Cosidó ha contestado que cuando se producen filtraciones sobre una investigación policial es necesario "actuar", aunque ha dejado claro que en ningún caso está acusando a Rodríguez Ulla de esas filtraciones.
En este sentido, el director general de la Policía reiteró algunos de los principios básicos que deben regir toda actuación policial, en especial la tutela de jueces y fiscales, el respeto a la presunción de inocencia y el sometimiento a la jerarquía y a la cadena de mando.
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