Cuando ha empezado una nueva cuenta atrás para los 300 inmigrantes —muchos de ellos, chatarreros— que okupan el recinto industrial de la calle Puigcerdà, en el Poblenou de Barcelona, para llegar a un acuerdo con la propiedad para evitar su desalojo, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una ofensiva para prevenir la okupación de inmuebles a raíz del aumento de desahucios con la crisis económica y actuar en aquellos que generen problemas de convivencia.
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En el caso de las naves industriales del Poblenou, los inmigrantes cuentan con el apoyo de los vecinos, pero el consistorio advierte de que "aquellas actividades que potencialmente puedan dañar la salubridad pública y el medio ambiente", como la acumulación de chatarra o electrodomésticos, "también serán objeto de actuación". Es decir, la Guàrdia Urbana podrá decomisar los residuos almacenados.
El plan municipal incide en "aquellas actividades con finalidades económicas que se realicen en inmuebles ocupados ilegalmente y que generen tensiones y problemas de convivencia". En este sentido, dota a la Urbana de potestad para "ordenar la suspensión de la actividad", como las fiestas ruidosas, y "precintar los aparatos o instalaciones", como equipos de música.
Además, el Ayuntamiento advierte de que "cuando se tenga conocimiento de actividades en el ámbito alimentario, se procederá a la inspección, orden de cese y precinto", además de "decomisar o inmovilizar los productos alimentarios", como pueden ser las bebidas alcohólicas que se vendan.
El Ayuntamiento quiere crear una base de datos única con todas las okupaciones, reforzar el asesoramiento a los propietarios de los inmuebles afectados y potenciar la atención a las familias en riesgo de desahucio para evitar que acaben okupando fincas o pisos ahora vacíos.
Desalojados "tarde o temprano"
El conseller de Interior, Felip Puig, advirtió este martes a los 300 inmigrantes que okupan el recinto industrial del Poblenou que los Mossos harán cumplir la orden de desalojo "tarde o temprano", en alusión a la moratoria de una semana. La situación es "compleja" porque la mayoría no tienen papeles y hacen una actividad "lucrativa de reciclaje de chatarra". La Síndica, Maria Assumpció Vilà, ha abierto una investigación.
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