La defensa del exedil Pedro Pérez, acusado en el caso 'Malaya', ha considerado que no se puede pretender hacer un juicio sobre el gilismo en general, por lo que ha instado a que se analicen hechos y conductas concretos. Ha asegurado que hay prueba de descargo practicada en la vista oral, con la que, a su entender, se demuestra la inocencia tanto del exconcejal como de los otros tres procesados a lo que defiende: Juan Hoffman, Gonzalo Astorqui y Julio Blasco.

En la sesión del juicio de este lunes, el letrado ha coincidido en la exposición respecto a sus cuatro defendidos en que los informes periciales y policiales, que ha impugnado, están "repletos de presunciones, conjeturas, suposiciones, ambigüedades, vaguedades, incoherencias, contradicciones y opiniones subjetivas". También ha afirmado que no ha habido especialización policial y los investigadores "no están preparados para analizar documentos administrativos".

Frente a esto, ha destacado que se ha presentado en los cuatro casos prueba de descargo suficiente para pedir una sentencia absolutoria, "invirtiendo" el proceso, ya que es al fiscal "al que le incumbe la prueba"; y ha lamentado que tras casi dos años de juicio en los escritos de acusación "parece que no ha habido prueba, el elemento fundamental de la vista oral", algo que, ha recordado, tiene que valorar la Sala y no ninguna de las partes.

En el caso del exconcejal Pedro Pérez, acusado de haber recibido dinero del presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha indicado que los tres grupos que formaban el gobierno tripartito tras la moción de censura al exalcalde Julián Muñoz en 2003 funcionaban por separado y ha dicho que "no tiene nada que ver" con el Grupo Independiente Liberal (GIL), un partido "atípico".

"El Estado no ha tenido los controles adecuados, el Tribunal de Cuentas ha hecho informes 10 años después y si Jesús Gil hubiera hecho algo irregular, el mecanismo del Estado tenía que haber funcionado antes. No podemos descargar en este Tribunal hacer un juicio sobre el gilismo, sino que tiene que valorar actos concretos", ha asegurado y ha dicho que no se puede enjuiciar toda la etapa GIL en cuanto al urbanismo, pidiendo a la Sala que "analicen conductas".

Ha indicado que ha presentado una documentación "excesiva" a favor de este acusado y ha considerado que la prueba procedente de los interrogatorios de los investigadores "es favorable para Pedro Pérez". Además, ha justificado los movimientos de dinero y ha insistido en que en el registro de su casa no se encontró efectivo ni a él ni a la otra edil del Partido Andalucista, pero sí al portavoz del grupo, Carlos Fernández, que está fugado.

Ha recordado que Roca dijo en el juicio que dio dinero a los portavoces, Marisol Yagüe, Isabel García Marcos y Fernández, el cual, ha insistido, "se quita de enmedio, desaparece" y ha reiterado que algunos investigadores reconocieron la posibilidad de que esos supuestos sobres dados por Roca "no llegara a su destino", incidiendo en que si la Sala da credibilidad a esta autoincriminación debe valorar lo que éste dice "en su conjunto, no parcialmente".

El abogado ha asegurado que ni su cliente ni la otra exedil del PA acusada son "animales políticos" y se ha mostrado seguro de que si Fernández les hubiera ofrecido dinero "lo denuncian". Ha subrayado que no hay correspondencia de los supuestos sobres con ingresos en efectivo en las cuentas de Pedro Pérez y ha asegurado que no se ha precisado ningún acto administrativo ilegal por el que se hubiera pagado.

No existe organización

Respecto a sus otros tres clientes —Hoffman, Astorqui y Blasco—, acusados del delito de blanqueo de capitales, ha lamentado que su acusación en esta causa supone "la pena de muerte social, económica y profesional" y ha negado que existiera una organización criminal en la que éstos participaran ocultando patrimonio e inversiones de Roca, ya que, ha apuntado, no hay concierto de voluntades, ni reparto de funciones, ni conocimiento entre los acusados.

Sobre Hoffman ha incidido en que no hubo ocultación de Roca y ha manifestado que tiene un patrimonio lícito y todo a su nombre, por lo que se ha preguntado "qué blanqueador es". "Si se condena a Juan Hoffman me condenan a mi, porque creo que es una gran persona, que no actuó con dolo ni con conciencia de anormalidad", ha dicho y ha recordado que el concepto de blanqueo entonces no es el mismo que ahora y éste no tenía obligaciones de informar operaciones.

Se ha mostrado convencido de su inocencia, por lo que ha pedido una sentencia absolutoria, al igual que para Astorqui y Julio Blasco, de quienes ha destacado su profesionalidad y actuación legal. Ha afirmado que la labor de ambos fue "gestionar" una sociedad con una actividad "real" y no ocultar los fondos, sobre los que, ha dicho, no se ha investigado su origen, ni tampoco se ha demostrado el delito antecedente que justificaría un delito de blanqueo de capitales.

También han expuesto sus argumentos de defensa la letrada de la exconcejal Belén Carmona, quien ha asegurado que contra su cliente no hay ni prueba indiciaria en los informes patrimoniales ni en los registros, ni tampoco declaraciones de coacusados; y el abogado de Sergio Gilber, quien ha manifestado que éste sólo participó en una compraventa en concreto y no tenía conocimiento de la participación de Roca en una sociedad.