La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF-A) ha querido este lunes poner de manifiesto que se congratula de que la Junta de Andalucía esté estudiando la posibilidad de retirar de forma definitiva el Decreto 1/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.

En una nota CSIF-A ha señalado que "no deja de ser una buena noticia" que la Administración haya oído las "numerosas voces de los miles de empleados públicos" que han rechazado desde un principio este plan de ajuste y que desde el mismo 15 de mayo han salido a la calle a protestar con un 'Rotundamente No'.

En este sentido, para CSIF-Andalucía ha sido decisiva la unión y la fuerza en la protesta de todos los empleados públicos, que, desde el primer momento han puesto de manifiesto su disconformidad con las medidas que dicho plan incluye.

Así, el pasado viernes, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, solicitó en la comparecencia parlamentaria con motivo del trámite parlamentario del Decreto 1/2012 la retirada de dicho decreto por tratarse de medidas desproporcionadas e injustas con unos Empleados Públicos que ya habían visto descendidos sus sueldos en más de un 21 por ciento en dos años.

Del mismo modo, cabe recordar que CSIF-A, además de recoger más de 50.000 firmas de apoyo ciudadano contra dicho plan y sus efectos, tiene recurrido el Acuerdo del Consejo de Gobierno que aprobó dicho Plan ante el TSJA por la vía especial de protección de Derechos Fundamentales por la conculcación de cinco artículos de la Constitución Española.

Por último, dada la "gravedad" de la situación, José Luis Heredia ha solicitado una reunión "urgente" con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para saber de primera mano cómo va a afectar a los empleados públicos estas medidas; reunión que va a mantenerse este martes.

SAFJA

Por su parte, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ha exigido al Gobierno andaluz que suspenda de manera inmediata la aplicación del Capítulo III —de Medidas en materia de personal en el sector público andaluz—, del Decreto-Ley 1/2012, y que se retire su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley.

Asimismo, han exigido al Gobierno andaluz que deje de "vapulear" los derechos de sus funcionarios públicos y que acate las sentencias judiciales en lo referente a la creación de Agencias y a la integración de su personal.

De igual manera, también han exigido la "inmediata" resolución de los concursos de méritos de 2011 con las bases iniciales, que llevan paralizados desde noviembre de 2011, con el consiguiente perjuicio a miles de funcionarios de carrera, y sobre todo, a aquellos que se encuentran desplazados.