Los recortes en los servicios sociales públicos suponen una "enorme amenaza" para las mujeres trabajadoras que se verán obligadas a recortar su dedicación profesional para compensar los ajustes, especialmente en el cuidado de niños, mayores y enfermos.
Esta es una de las conclusiones del informe El trabajo no remunerado en la economía global, realizado por catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma y profesora de Investigación del Centro de Ciencias Sociales y Humanas del CISC María Ángeles Durán.
¿Quién va a cuidar al niño que se queda sin guardería o al anciano al que hay que sacar de la residencia por falta de medios? Este año el Gobierno ha repartido entre las Comunidades Autónomas 47,3 millones de euros, un 45,4% menos que el año anterior, para cubrir los servicios sociales de atención básica que prestan las corporaciones locales.
Una partida en la que se engloban los presupuestos nacionales destinados a comedores sociales, de estancia diurna, minirresidencias o pisos tutelados, albergues para personas sin hogar y centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia.
"Cualquier restricción en los servicios públicos la va a pagar primero la mujer con empleo. ¿Quién va a cuidar al niño que se queda sin guardería o al anciano al que hay que sacar de la residencia por falta de medios?", ha planteado Durán en la presentación del informe.
El estudio analiza las necesidades y preferencias de los españoles en materia de cuidado de dependientes y la situación del sector del trabajo doméstico remunerado y cómo le ha afectado la crisis y la nueva legislación.
Desconfianza ante las Administraciones
Además, pone de manifiesto la escasa confianza de la sociedad en que las Administraciones prestarán algún tipo de apoyo o compensación a las familias por hacerse cargo de los mayores.
La economía española se sustenta en dos patas: el mercado y las familias Según Durán, el informe también recuerda la enorme importancia de la familia, no solo como red de apoyo en momentos de crisis, sino como un pilar fundamental en la economía española.
"La economía española se sustenta en dos patas: el mercado y las familias, y las medidas políticas no deben tomarse solo en función de los mercados y sin tomar en cuenta a las familias", ha asegurado Durán.
Según el informe, las preferencias de cuidado de los padres dependientes se dividen a partes iguales entre quienes lo limitan a la familia y quienes optan por el apoyo de cuidadores externos remunerados.
En cualquier caso, el 80% considera que cuidar de un dependiente impacta en la economía familiar pero muy pocos confían en ser compensados por la Administración, el dependiente o por el resto de su familia.
Así, el sentido de obligación de cuidado de los padres dependientes es mayoritario (91%) pero va acompañado de una "sensación de sobrecarga" y de la percepción de que la Administración es responsable o corresponsable en el cuidado.
¿Quién debe hacerse cargo de los mayores solos?
En cuanto a quién debe hacerse cargo de las necesidades o problemas de las personas mayores que viven solas, un 37% cree que familiares o allegados, un 25% que las Administraciones Públicas y un 33% que una combinación de ambas.
El 43,7% de los entrevistados mayores de 65 años opta por asumir personalmente el cuidado de sus padres dependientes También cabe destacar que, preguntados por las preferencias, el 43,7% de los entrevistados mayores de 65 años opta por asumir personalmente el cuidado de sus padres dependientes, mientras que solo un 18% de los menores de 30 años lo contempla.
Esta realidad lleva al siguiente gran apartado del estudio: la contratación de cuidadores o empleados del hogar, lo que supone la remuneración del trabajo antes no remunerado.
Se trata de un sector especialmente "invisible" para las Administraciones y que ha sido el verdadero motor de la entrada de inmigrantes en los últimos años, pero que como consecuencia de la crisis y la nueva regulación del sector está decreciendo.
Ayudas domésticas en las familias
Así, el informe afirma que en España se calcula que hay unos 700.000 empleados domésticos, de los que sólo 300.000 están afiliados a la Seguridad Social.
La nueva normativa prevé la equiparación de estos trabajadores pero aún no ha resuelto cómo se financiará la cobertura de los nuevos derechos adquiridos por estos trabajadores: si es el propio trabajador que se inscribe como autónomo, si es el empleador o si es la propia Administración.
El hecho de que la inmensa mayoría de las familias empleen ayuda doméstica por menos de 10 horas semanales complica aún más la regularización a través del empleador.
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