La juez que investiga los ERE fraudulentos ha decidido este jueves, de oficio, dejar en libertad bajo fianza a Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, tras una decisión similar de la Audiencia respecto al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
Con ello ya están libres los cuatro imputados en el caso: además de Guerrero y Fernández, ya quedaron libres Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero, y Daniel Alberto Rivera, exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.
Guerrero permanecía encarcelado desde el 9 de marzo pasado y la juez Mercedes Alaya ha decidido de oficio dejarlo libre bajo fianza de 250.000 euros, horas después de que la Audiencia de Sevilla acordase la libertad bajo fianza de 450.000 euros de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta preso desde mayo.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha dicho que duda que la familia pueda reunir esa cantidad al menos en 15 o 20 días; por su parte, la familia y amigos de Fernández esperan reunir los 450.000 euros para este viernes.
La juez Alaya dice que la libertad de Guerrero responde a "un elemental principio de equidad y equilibrio entre las partes presuntamente responsables de los hechos que se investigan", y también porque el imputado "lleva privado de libertad varios meses".
Ello pese a que "existen sólidos indicios de su participación en los hechos especialmente graves que se le imputaron en su día", incluso "con mayor consistencia por la profundización en la investigación de la presente causa" aunque Guerrero diese en su declaración judicial numerosos datos sobre "el funcionamiento de la presunta trama organizada en torno a las subvenciones".
La medida de prisión, que era "necesaria" cuando se adoptó, no debe mantenerse "sine die" pues los riesgos de fuga o destrucción de pruebas "disminuyen por el avance de la investigación", según la juez. Junto a la fianza, Alaya impone a Guerrero la obligación de presentarse en un juzgado todos los lunes y la prohibición de salir de España.
Guerrero fue encarcelado el 9 de marzo mediante un auto en el que la juez le imputó haber otorgado ayudas sociolaborales y subvenciones directas a empresas "de manera manifiestamente injusta y arbitraria" para "favorecer a familiares, amigos o personas próximas" a su entorno o al de "altos cargos de la Junta de Andalucía o del PSOE".
Todo ello "permitió el enriquecimiento injusto de unos pocos en detrimento del resto de los ciudadanos de la comunidad autónoma andaluza", según Alaya, que por ello le impuso otra fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros, correspondientes a las ayudas presuntamente fraudulentas otorgadas bajo su mandato (1999-2008).
Fianza de responsabilidad civil
La Fiscalía Anticorrupción también ha pedido este jueves que se imponga una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, otro de los imputados dentro de la causa por los ERE fraudulentos, aunque no ha solicitado su ingreso en prisión provisional, como ya ocurrió en el caso de su antecesor en el cargo, Juan Márquez.
El Ministerio Público ha solicitado que se imponga la fianza civil por un importe que se extrae de los casi 42 millones de euros que concedió en ayudas a pesar de los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad del sistema, más el tercio legal previsto.
A la Fiscalía se han adherido las acusaciones del PP y Manos Limpias A la petición de la Fiscalía se han adherido las acusaciones que ejercen PP y Manos Limpias, mientras que la Junta de Andalucía ha solicitado, por vez primera, que no se imponga ninguna medida cautelar al imputado, lo que coincide con el cambio de letrado de la Administración autonómica en este caso, pues Ignacio Carrasco ha sido sustituido por Mercedes Izquierdo. La petición de la Junta ha sido apoyada por el sindicato UGT.
Asimismo, la defensa de Rivera se ha opuesto a la imposición de cualquier tipo de medida cautelar ya que considera que "no hay indicios racionales de criminalidad", según han informado a los periodistas varios abogados presentes en la comparecencia.
La juez imputa al exdirector general de Trabajo cuatro presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos e infidelidad en la custodia de documentos.
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