¿Sin alternativas? Recortes que pudieron haber sido y no fueron

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¿Crees que el Gobierno podría haber afrontado otros recortes más convenientes?

90% Sí, hay medidas que serían más justas que estas y apoyarían al crecimiento.

5% No, son unos recortes que no le gustan a nadie pero son imprescindibles.

5% Tal vez, además de las ya aprobadas, se podría haber incluido alguna otra.

Subidón del IVA, supresión de una paga extra a los funcionarios, reducción de la prestación por desempleo, recortes en las ayudas por dependencia, eliminación de la deducción por vivienda, intención de acelerar la reforma de las pensiones... El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció este miércoles en el Congreso el penúltimo ajuste más duro de la democracia, incumpliendo muchas de sus propias promesas y siguiendo punto por punto las recetas de Bruselas.

Rajoy, cuyo objetivo es ahorrar 65.000 millones de euros, asegura que no hay otro camino posible ("es el único que conduce a la recuperación y es el que tenemos la obligación de seguir", dijo), si se quiere reducir el enorme déficit que arrastra el Estado, condición necesaria para empezar a sacar la cabeza del agujero de la crisis, según la doctrina imperante en la Europa que parte el bacalao, donde se antepone la austeridad al crecimiento como receta y se huye de las políticas inflacionistas como de la peste.

Rajoy, cuyo objetivo es ahorrar 65.000 millones de euros, asegura que no hay otro camino posibleEs la medicina impuesta a Grecia, Irlanda y Portugal, estados ya intervenidos y supervisados directamente por la llamada troika (Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Unión Europea), pero que aún están lejos de ver la luz, pese a los grandes sacrificios padecidos por sus ciudadanos. Y es la medicina que se impone también a España, a cuyo gobierno el Eurogrupo ya había pedido, entre otras cosas, una subida del IVA y una cesión de competencias al Banco de España (tutelado por el BCE), como parte de las condiciones para recibir la ayuda de hasta 100.000 millones de euros del rescate bancario.

Sin embargo, y descartando opciones más drásticas como la devaluación (imposible al carecer de moneda propia), o la suspensión de pagos (de consecuencias peligrosas para la economía mundial), tanto los grupos de la oposición como algunos gobiernos de nuestro entorno -el francés, en concreto- han puesto sobre la mesa o han empezado a aplicar ya otras medidas anticrisis que intentan explorar vías alternativas.

Más impuestos para los más ricos

Algunas de estas medidas pudieron escucharse este miércoles durante el debate parlamentario. El portavoz de Izquierda Unida, Cayo Lara, insistió en gravar fiscalmente a las grandes fortunas, mediante un impuesto sobre el patrimonio (anular el fraude fiscal de las grandes fortunas y de las grandes empresas podría suponer 44.000 millones de euros según el catedrático de economía Viçenc Navarro), y sugirió aumentar los ingresos del Estado por medio de mayores tasas a las grandes corporaciones. En términos semejantes, aunque con más tibieza, se expresó el líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien defendió asimismo la implantación de un impuesto sobre las grandes fortunas, porque "es más justo y menos dañino económicamente" y de un impuesto a las grandes corporaciones. Rubalcaba, quien se ha comprometido a trasladar en los próximos días todas sus propuestas al Gobierno, apostó también por gravar aún más los tributos del tabaco y el alcohol. 

Son, precisamente, las medidas antidéficit que, ante la notable rebaja de las previsiones de crecimiento para 2012 y 2013, ha empezado a aplicar ya el nuevo gobierno francés del socialista François Hollande, en una línea semejante a las propuestas también, esta misma semana, por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama.

En Francia, donde el Estado carga con una deuda solo algo menor que en España (321% del PIB frente a nuestro 355%), si bien su prima de riesgo apenas supera los 100 puntos, el primer ministro, Jean-Marc Avrault, anunció que la voluntad del Gobierno es apelar a aquellos que hasta ahora habían sido "eximidos del esfuerzo colectivo". Para ello, el Ejecutivo aplicará medidas como eliminar el "incomprensible" alivio en el Impuesto de Solidaridad sobre la Fortuna (ISF) y las grandes sucesiones. Los ingresos anuales superiores a un millón de euros tendrán un impuesto excepcional del 75%, porque "los impuestos reales que pagan las clases más altas no pueden seguir siendo inferiores al de la mayoría de los ciudadanos franceses".

Los ingresos anuales superiores a un millón de euros tendrán en Francia un impuesto excepcional del 75%Obama, por su parte, dijo este lunes que es hora de terminar con los recortes impositivos a los más ricos y de extender por un año las ventajas fiscales que vencen en diciembre para las familias que ganan menos de 250.000 dólares anuales, es decir, las clases medias, o, en palabras del propio Obama, "el 98%" de los estadounidenses. "Creo que todo el que gane más de 250.000 dólares al año debería volver a pagar los impuestos que pagaba" durante el Gobierno del también demócrata Bill Clinton, indicó el presidente, quien abogó por dejar "expirar" las ventajas fiscales para los estadounidenses más ricos.

Obama propuso así que los recortes de impuestos aprobados por su antecesor, George W. Bush, se prorroguen por un año, pero solamente para las familias que ganan menos de 250.000 dólares anuales, porque la "prosperidad" del país depende de una "clase media fuerte".

IVA y funcionarios

En contraste con las medidas adoptadas en España, tanto por Rajoy como por el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, el Gobierno francés suprimirá la subida del IVA prevista para el mes de octubre, conocida como el IVA social, una medida que "beneficiará a la clase obrera y la clase media". Además, y según el propio primer ministro galo, los impuestos sobre la renta serán "más justos, más progresivos y más comprensibles". También se suprimirán las actuales exenciones de cotizaciones en las horas extraordinarias trabajadas en las empresas de más de 20 trabajadores, ya que "desalientan la creación de nuevos empleos".

Francia ha decidido asimismo apostar por sus trabajadores públicos: el Gobierno tiene previsto contratar a más policías y profesores, incluidos 1.500 auxiliares escolares este año, y los funcionarios tendrán una "estabilidad general", al contrario que con el anterior gobierno, que destruyó empleo público de forma masiva.

Los funcionarios portugueses, duramente castigados por el Gobierno de Pedro Passos Coelho, también recibieron hace solo unos días una buena noticia, al ser declarada inconstitucional la supresión de sus pagas extras.

Iglesia, Casa Real, autonomías, fraude...

Otro de los reproches que lanzó Cayo Lara durante la sesión parlamentaria de este miércoles fue que "no hemos oído nada de recortar a la Iglesia o a la Casa del Rey".

Pese al recorte general en todos los capítulos de los presupuestos, la Iglesia católica recibirá 159 millones de euros este año a cuenta de la asignación que le corresponde por el impuesto de la renta sobre las personas físicas, la misma cantidad que recibió en los anteriores ejercicios de 2011 y 2010. A estas ayudas se unen otras partidas de los presupuestos generales y subvenciones de comunidades autónomas destinadas a financiar obras sociales, capellanes militares, de prisiones y de hospitales públicos, convenios culturales y restauración de iglesias y de patrimonio histórico.

Pese al recorte general en todos los capítulos de los presupuestos, la Iglesia recibirá estre año lo mismo que en 2011 y 2010Con respecto a la Casa Real, la partida destinada para la Corona y prevista por el Gobierno para este año es de 8.264.280 euros, frente a los 8.434.280 euros de 2011, es decir, 170.000 euros menos. La rebaja, de tan solo el 2%, contrasta con el recorte medio de todos los departamentos ministeriales, que asciende al 16,9%.

También presentó alternativas Esquerra Republicana, cuyo portavoz, Alfred Bosch, pidió, además de implantar el impuesto sobre grandes fortunas, establecer una tasa sobre transacciones financieras internacionales, recuperar el impuesto sobre el patrimonio, cancelar las compras de armas y suspender privilegios de altos cargos del Estado. Rafael Larreina, de Amaiur, criticó por su parte que ninguna de las medidas anunciadas por Rajoy se dirija contra las grandes corporaciones o los grandes bancos, "los causantes de la crisis".

No toda la oposición, sin embargo, está de acuerdo cuando se trata de presentar opciones alternativas. La propuesta de Rosa Díez (UPyD), por ejemplo, de aligerar el peso de la Administración eliminando diputaciones y fusionando municipios ("hay que optar entre el Estado de bienestar y el actual Estado de las Autonomías, y nosotros optamos por lo primero", indicó) no cuenta con el respaldo de los partidos nacionalistas ni de buena parte de la izquierda.

Algunas cifras

Según explica Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), y profesor de Políticas Públicas en The Johns Hopkins University (Baltimore, EE UU), la recuperación del impuesto sobre los grandes patrimonios en España supondría recaudar unos 2.100 millones de euros. Asimismo, volver al nivel de imposición que tenía el Impuesto sobre Sociedades para las grandes empresas (que son solo el 0,12% del total) antes de que se lo redujeran los gobiernos de Aznar y Zapatero, supondría recuperar 5.300 millones de euros.

Navarro calcula también que si se recuperara el nivel de imposición de las personas que ganan más de 120.000 euros al año, el Estado recuperaría 2.500 millones de euros, y que la recuperación total del Impuesto de Sucesiones, que grava las herencias, supondría para las arcas públicas un extra de 2.552 millones de euros.

En total, pues, revertir estas bajadas supondría, según el catedrático, recaudar más de 12.000 millones de euros.

Por otra parte, y según señala el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, la mayoría del fraude fiscal en España (el 71%) lo comenten las grandes fortunas, las grandes corporaciones y la banca. El Sindicato calcula que, si se eliminara tal fraude, el Estado recaudaría 44.000 millones de euros.

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