El Senado votará este martes la reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que abre la puerta a la privatización de las televisiones públicas autonómicas, al permitir que cada comunidad autónoma elija cómo gestionar su canal autonómico.  En total, la reforma ha obtenido cuatro vetos del PSOE, IU y Entesa Catalana de Progrés (con un veto del PSC y otro de ICV). Además, el proyecto ha recibido 132 enmiendas del PSOE, CiU, EAJ-PNV e IU, mientras que el PP no ha presentado ninguna enmienda.

Del texto se ha eliminado la prohibición expresa de emitir pornografía y violencia gratuita, lo que puede llevar a pensar que "implícitamente se vuelve a permitir de nuevo la emisión de esos contenidos en parrilla, aunque sea en canales de pago", según ha denunciado la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC).

También desde la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de los Medios de España (iCmedia) se ha denunciado que se haya aprovechado la reforma, relacionada principalmente con el modelo de gestión de las televisiones, para "hacer desaparecer la referencia a los programas que contengan escenas de pornografía o violencia gratuita".

En su paso por el Congreso se aprobó una enmienda del Partido Popular que ha generado diversas críticas por partes de los usuarios. La intención de la enmienda era asegurar que las cadenas de televisión, en abierto o de pago, posibiliten el control parental para aquellos contenidos que pueden ser perjudiciales para los menores.

En su propuesta de veto, el PSOE argumenta que el proyecto de ley supone una "ruptura con el modelo de televisión que se ha ido construyendo en España desde 1980" y que refleja el "pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad" y "favorece la desaparición del modelo de televisión pública autonómica".

Los socialistas argumentan que lejos de la "neutralidad" que se supone que el proyecto otorga a las comunidades para elegir que modelo de gestión quieren para sus televisiones, la reforma, al imponer "estrictas obligaciones" presupuestarias a aquellas que decidan mantener el servicio público de televisión mediante gestión directa, "va a abocar casi inexorablemente en una privatización de la gestión o en la supresión del servicio público".

En esta misma línea, IU e ICV considera en su propuesta de veto "sumamente negativa" la reforma que, a su juicio, "responde a los intereses de los grandes operadores audiovisuales, cuyo interés pasa por adelgazar la competencia pública". Asimimo, denuncia que supone "una nueva muestra del intervencionismo del Gobierno central en competencias de las comunidades autónomas".