El abogado de la testigo de los presuntos abusos sexuales en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, que sufrió un aborto, ha denunciado a los policías que estuvieron de guardia la noche que la interna tuvo que ser enviada al hospital, por un presunto delito de omisión del deber de socorro.
El letrado ha asegurado que denunciará ante el Juzgado de Guardia a todos aquellos funcionarios que trabajaron en el turno de la madrugada del 17 de agosto:
- En primer lugar por cometer "una imprudencia grave que precipitó el aborto" -artículo 146 del Código Penal-.
- Por otro lado, por "omitir el deber de socorrer a una persona desamparada en peligro manifiesto" -artículo 195-.
Posible pena de prisión
Según el abogado, los agentes implicados podrían ser sancionados con:
- Una pena de prisión de tres a cinco meses.
- Una multa de seis a diez meses en el caso del primer delito.
- Una multa de seis a diez meses por el segundo.
Según el letrado, ante la negativa de la Subdelegación del Gobierno a iniciar una investigación del caso, como ya solicitó en dos ocasiones, está dispuesto a iniciar acciones penales contra los que considera "responsables de los daños físicos y psicológicos de los que aún no se ha recuperado" su cliente.
Insistió en que estos funcionarios "deberán aclarar porqué tardaron una hora en asistir a la embarazada, cuyo estado empeoró tras discutir con una policía, porqué permanecieron en la habitación mientras le practicaron el aborto y porqué la mantuvieron esposada a la barandilla de la cama durante la intervención quirúrgica".
Cese del subdelegado en Málaga
El subdelegado quiso cubrir con un manto de impunidad a los funcionarios
Asimismo, anunció que pedirá el cese del subdelegado en Málaga, Hilario López Luna, "por querer cubrir con un manto de impunidad el comportamiento de los funcionarios implicados" y añadió que "no tiene autoridad moral para ser subdelegado".
La inmigrante, que actualmente se encuentra en libertad, deberá prestar declaración sobre los hechos que le constan en relación a los presuntos abusos sexuales que se imputan a uno de los funcionarios, E.B.S., que supuestamente ofrecía "alimentos especiales" a una interna a cambio de mantener relaciones sexuales.
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