El Gobierno ha dado este viernes el primer paso en la reforma de la administración local con la revisión de un informe de la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de esas administraciones, cuyo anteproyecto aprobará el Consejo de Ministros este mes.
La reforma no implicará la eliminación de ayuntamientos, pero sí la supresión de todas las mancomunidades, al considerarlas unas entidades "opacas", y potenciará además el papel de las diputaciones provinciales, que gestionarán servicios obligatorios y mínimos en municipios de menos de 20.000 habitantes, según ha anunciado el Ejecutivo estas semanas.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que esta norma definirá las competencias y la estructura administrativa de las entidades locales.
La Ley de Transparencia fijará los baremos de los sueldos de los alcaldes y ediles El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado ante el Consejo el informe sobre esta norma, que servirá para iniciar la reforma de la administración anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su discurso de investidura.
La vicepresidenta ha recordado que esta reforma de la administración local se verá reforzada con la Ley de Transparencia, que establecerá que los Presupuestos Generales del Estado fijen los baremos de los sueldos de alcaldes y concejales, como sucede con los del presidente, los ministros y otros miembros de instituciones públicas.
El Ejecutivo tiene intención de aprobar con "gran inmediatez", durante este mes, la norma de racionalización y sostenibilidad local, cuyo nombre ha desvelado hoy la vicepresidenta, que modificará la actual Ley de Bases de Régimen Local, que data de 1985.
Cambios en la financiación
La definición de estas competencias y de la estructura afectará a la financiación y la aplicación de las medidas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria a las corporaciones locales y "a las que queden después de ese procedimiento".
La vicepresidenta no ha cifrado el ahorro que se conseguirá aunque ha precisado que el anteproyecto incluirá la correspondiente memoria económica.
En el Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas el pasado marzo, el Ejecutivo calculaba ahorrar 3.500 millones de euros gracias a la ordenación de las "competencias impropias" y la agrupación de municipios.
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