La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado tres delitos a la que fuera asesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, que en su comparecencia de este viernes se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

De este modo, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, imputa a la "mano derecha" del exdirector general de Trabajo Juan Márquez los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos.

De su lado, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros —la misma que pidió para Márquez—, mientras que la Junta, personada como acusación, ha pedido una fianza de 3,5 millones por la inclusión en el ERE de Calderinox del exdelegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales Juan Rodríguez Cordobés y del sindicalista Antonio Fernández Garzón.

Por su parte, el PPy el sindicato UGT, personados también como acusaciones en este procedimiento, no han solicitado que se le imponga fianza alguna a la imputada.