La polémica en torno a la filtración de los datos del ERE que prepara el PSOE por parte de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha abierto un nuevo capítulo con la publicación del documento que prueba que el correo enviado a la prensa con los datos confidenciales partieron del remitente fatima.banez@meyss.es, es decir, la dirección de la ministra.

Para demostrar que la información que publicaron era cierta, y ante la negativa del Ministerio a reconocer la veracidad de la información, el diario El país no ha dudado en mostrar el rastro electrónico del correo.

El pasado lunes el diario de Prisa publicaba que la ministra había enviado un correo con datos confidenciales sobre el ERE del PSOE  a, al menos, un medio de comunicación, La Razón. Días después aparecía en el diario que dirige Francisco Marhuenda una información muy detallada sobre el tema. Incluso se entrecomillaban frases que figuraban en el documento. Así se decía que el ERE iba a suponer el despido de 186 trabajadores y  que otros 61 iban a ver sus contratos suspendidos o sus jornadas de trabajo reducidas. Los jóvenes y los mayores encabezan la lista, según La Razón.

El Ministerio que encabeza Báñez se apresuró a negar la información, mientras la ministra se limitó a guardar silencio sobre el tema.

El PSOE por su parte anunció que estudiaba denunciar a la ministra, incluso por la vía penal, y empezaba a hablar de dimisión.

El jueves el secretario de Organización del PSOE federal, Óscar López, insistió en que si se confirmaba que la ministra había filtrado los datos  solo tenía una salida: " abandonar el Gobierno de España". "No vale ganar tiempo, se ha vertido sobre ella una acusación muy grave, ella no explica nada y el PSOE exigirá su dimisión", decía López.

Por su  parte la secretaria de Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, echaba en cara a Báñez que no hubiera salido a explicarse. "¿Por qué se esconde de los micrófonos?", se preguntaba Jiménez, mientras recordaba que de confirmarse la noticia se trataría de una "vulneración" muy grave de la Ley de Protección de Datos.

La información que las empresas al ministerio a la hora de tramitar un ERE son solamente accesibles a los directivos de la compañía y a los representantes legales de los trabajadores. Se trata de información confidencial que contiene datos económicos y organizativos que no deben caer en manos de la competencia.