El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, espera que la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, le pida disculpas tras haber sido rechazado su recurso contra el dirigente 'popular' por considerar que había vulnerado su derecho al honor.

"El Tribunal Supremo considera antidemocrática la persecución judicial a la que me sometió De la Vega durante años. Ahora espero que se disculpe", ha dicho González Pons en un primer mensaje en 'Twitter', al que le ha seguido otro en el que ha añadido: "El TS me da la razón, el voto de De la Vega en 2008 fue irregular, ahora, pese a todo, si me pide disculpas la perdono".

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la exvicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra el dirigente del PP Esteban González Pons al entender que éste no vulneró su derecho al honor cuando hizo unas declaraciones sobre su empadronamiento en Beneixida (Valencia) y la reclasificación de unos terrenos de su propiedad.

En una sentencia, hecha pública este miércoles, la Sala de lo Civil condena a la actual miembro del Consejo de Estado a pagar las costas y confirma la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que desestimó en 2009 la demanda que presentó por las manifestaciones que González Pons realizó a los medios de comunicación en diciembre de 2007.

En una rueda de prensa, convocada el 5 de diciembre de 2007 en la sede de las Cortes Valencianas, el dirigente del PP acusó a De la Vega de empadronarse irregularmente en el municipio valenciano poco antes de encabezar las listas del PSOE por la provincia de Valencia en las elecciones generales de 2008, y le atribuyó "un pelotazo" al beneficiarse de una reclasificación de unos terrenos en esa localidad.

Según la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Francisco Marín Castán, "carece de consistencia atribuir al demandado una intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante por la sola circunstancia de que el empadronamiento no hubiera sido en puridad secreto, sino por poder".

"La realidad es que la demandante, al incurrir en una práctica política no por habitual menos sustraída a la crítica social, asumió necesariamente el riesgo no sólo de esa crítica, sino también de que quien iba a ser su principal adversario político en las próximas elecciones generales se aprovechara de esa decisión de la demandante para despertar o agitar la crítica social, pues no en vano iba a tener que enfrentarse electoralmente a una rival de primerísimo nivel", sostiene el Tribunal Supremo.

Desde esta perspectiva, tachar de secreto un empadronamiento que en realidad había sido por poder, entraba "claramente dentro del margen de exageración o provocación tolerable en el debate político, máxime si se valora que no es habitual empadronarse por poderes y que, en cierto modo, el hacerlo ya es un indicio de que no se reside habitualmente en el municipio".

En suma, el alto tribunal cree que el recurso de la exdirigente socialista revela un "grado de intolerancia para con la crítica política tan elevado que, en verdad, resulta incompatible con una sociedad democrática".