Detenidas 38 personas acusadas de una estafa telefónica

Un total de 38 personas han sido detenidas en Barcelona, Lleida, Huesca, Valencia, La Rioja y Navarra, en una operación de la Guardia Civil en la que se ha desmantelado una red responsable de una estafa telefónica de un millón y medio de euros, que podría haber afectado a unas 500 personas.

En concreto, los detenidos, con edades comprendidas entre los 16 y 56 años, están acusados de delitos de estafa, usurpación de estado civil, receptación y pertenencia a grupo criminal, por dar presuntamente de alta de forma fraudulenta miles de contratos telefónicos a nombre de personas cuyas filiaciones conseguían a través de Internet.

De los 38 arrestados (6 españoles, 21 rumanos, 9 paquistaníes y 2 hindúes), 12 personas han sido detenidas en Barcelona, 8 en La Rioja, 4 en Lleida, 2 en Huesca, 9 en Valencia y 3 en Navarra, concretamente en Estella, según ha informado hoy en rueda de prensa el comandante Oscar Esteban, responsable de la investigación.

Durante la operación, denominada Portable, se han llevado a cabo además 11 registros domiciliarios y 9 inspecciones en establecimientos de telefonía móvil, en los que se han incautado de 500 teléfonos, 4.000 tarjetas de telefonía móvil y 45.000 euros en metálico.

Se ha decretado el ingreso en prisión de cuatro integrantes La investigación se inició a raíz de varias denuncias recibidas en Navarra por delitos de estafa y usurpación de estado civil, tras detectarse la contratación de líneas de telefonía móvil, cuya existencia desconocían los propios titulares.

Tras investigar las denuncias, la Guardia Civil de Navarra constató la existencia de un grupo organizado, estructurado jerárquicamente, en la que cada miembro desempeñaba una función por la que obtenía una comisión.

De momento, el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los integrantes de la organización, considerados líderes de cada grupo, mientras la Guardia Civil ha identificado a entre 400 y 500 víctimas de la estafa, aunque los agentes consideran que podrían existir "muchas más".

Una parte de la organización se dedicaba a obtener tarjetas de prepago puestas a nombre de ciudadanos paquistaníes, que habían sido dadas de alta en locutorios a cargo de personas de esta misma nacionalidad, mientras que otros se encargaban de realizar la portabilidad de la línea a otra compañía de telefonía móvil.

Para conseguir los datos de las víctimas, que más tarde serían los titulares del contrato, utilizaban los Boletines Oficiales, de donde sacaban listados de personas que habían aprobado oposiciones a la administración, aunque en algunos casos llegaron a utilizar nombres de personas inexistentes pero con apariencia legal, de las que aportaban una numeración de un DNI real.

Otro grupo, compuesto por ciudadanos paquistaníes e hindúes que regentaban locutorios en Cataluña, eran los encargados de colocar en el mercado los móviles obtenidos de forma fraudulenta, vendiéndolos una vez liberados de la restricción impuesta por la compañía de telefonía, a precios más económicos que los del mercado.

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