El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, ha anunciado este miércoles la intención de la Junta de Andalucía de recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) si el Gobierno de la Nación aprueba el Real Decreto Ley de medidas urgentes de liberalización en materia de horarios comerciales, que prevé incrementar de 72 a 90 las horas semanales de apertura y de ocho a diez el mínimo de festivos autorizados.

En rueda de prensa en Sevilla, en la que también ha participado la directora general de Comercio, María del Carmen Cantero, Rodríguez ha expresado el rechazo de la Junta a estas medidas por considerar que tendrán un "impacto negativo" sobre las pymes del sector y sobre el empleo, y ha cuestionado que el Ejecutivo central pueda aprobar esta norma por decreto-ley según la jurisprudencia del propio TC, así que, añade, "si el Gobierno lo intenta hacer a través de Decreto-Ley, lo está haciendo a sabiendas de que es anticonstitucional".

La propuesta del Ejecutivo central recoge un incremento del número de horas de apertura semanal en días laborables de 72 a 90 y de los domingos y festivos autorizados de ocho a 16, pudiendo reducirse la cifra hasta un mínimo de diez. Además, recoge nuevos requisitos para declarar Zonas de Gran Afluencia Turística a afectos de horarios, que en el caso andaluz afectarían a las ciudades de Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla.

Además, y antes de anunciar las medidas que la Junta tomará al respecto de este tema, el consejero ha recordado que en Andalucía, a través de la Ley de Comercio Interior, "existe plena libertad horaria para establecimientos comerciales menores de 300 metros cuadrados, 99,5 por ciento del total, que pueden abrir cualquier día del año, a cualquier hora, y cualquier semana, y si no lo hacen es porque probablemente no les sea rentable". Por tanto, "no es verdad que en la zona de la Mezquita de Córdoba o Santa Cruz en Sevilla no se pueda abrir un domingo por la tarde o al mediodía", porque con la legislación actual "es absolutamente posible".

Asimismo, y sobre las Zonas de Gran Afluencia Turística, Rodríguez ha señalado que "ya existen y se regulan en la comunidad andaluza", donde "se establecen requisitos para que una zona tenga esta característica". Es por ello que "no se está inventando nada nuevo en relación a un necesidad que pueda existir". De hecho, añade, en Sevilla ciudad "se intentó poner en marcha una zona de afluencia turística, y ni siquiera llegó a la Consejería por la falta de consenso entre los comerciantes", asegura.

"Se quiere plantear por parte del Gobierno central que se acomete una medida así para apoyar al comercio y al turismo, y que se quiere facilitar la apertura, algo que es radicalmente mentira", según la Ley de Comercio Interior de Andalucía, homologable a casi todas las comunidades autónomas. Así las cosas, el consejero afirma que esta medida del PP "solo beneficia a las grandes multinacionales del comercio, y es un ejemplo evidente e inaceptable de cómo el Gobierno Popular legisla al dictado de las grandes multinacionales".

"De poner en práctica esta medida, es un ejemplo de cómo se le mete la mano en la cartera al pequeño y mediano comerciante de Andalucía, para trasladarle los beneficios a la cartera de las grandes multinacionales, la mayoría sin domicilio fiscal en suelo español", es decir, el PP "quiere transferir rentas de las pymes del sector, que son los que generan el empleo de calidad y el mayor volumen, a las grandes multinacionales". Aunque, matiza, "no queremos que nuestra postura se entienda como una posición beligerante contra las grandes superficies", sino que "queremos que también sean respetados los intereses de las pymes del sector".

Pide "consenso" para defender el modelo vigente

Rafael Rodríguez ha dicho que a partir "de esta reflexión contrastable desde la legalidad vigente en Andalucía", desde su Consejería "se va a impulsar un proceso de máximo consenso social e institucional para defender el modelo vigente en la región", que se intentará concluir el próximo viernes en la celebración del Consejo Andaluz de Comercio, en el marco del cual también se quiere que "haya una expresión amplia y contundente de todas las instituciones en defensa del modelo, y contraria a que se imponga solo la voluntad de la política comercial del Estado".

Asimismo, el consejero ha señalado que "se valorará la constitucionalidad de este Decreto-Ley", porque ya en la reunión "se dejó claro que no es voluntad del Gobierno consensuar con las comunidades autónomas", por lo tanto "si se materializa vamos a estudiar interponer el recurso de incontitucionalidad ante el Tribunal Constitucional". Y ello, añade, porque el Estatuto de Autonomía de Andalucía "ya otorga competencias exclusivas en materia de horarios comerciales y comercio interior a la comunidad andaluza".

"no asistiremos a una voladura controlada de la constitución"

"Esta competencia no puede ser birlada, burlada, robada por parte del Gobierno central", asegura, al tiempo que afirma que "no vamos a asistir a una voladura controlada de la Constitución, como la que está haciendo el PP". Además, "no es la primera vez que por parte del Gobierno se quiere regular la regulación de horarios vía Decreto", puesto que "existe ya una sentencia del TC de 2011 donde pone de manifiesta que es inconstitucional regular esta materia por la figura del Decreto". Es decir, "si el Gobierno lo intenta hacer a través de Decreto-Ley lo está haciendo a sabiendas de que es anticonstitucional", lamenta Rodríguez.

"Cuando la libertad de competencias se enarbola desde el PP lo que se está enarbolando es la claudicación del pequeño y mediano comercio antes las grandes cadenas, porque no existe libertad cuando los que compiten lo hacen en desigualdad", y la Administración pública está para equilibrar". "El camino del consenso es el que vale, el camino de la imposición y la voladura controlada a la Constitución, y el precio a las comunidades autónomas que somos parte del Estado, ese mecanismo no vale, no sirve y no construye nada", concluye.

Finalmente, la directora general de Comercio ha criticado las formas "incorrectas" y "poco serias" con las que el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, planteó el contenido del texto en la Conferencia Sectorial celebrada el 2 de julio en Madrid. Cantero ha denunciado que este punto "no estaba" en el orden del día, lo que "dificultó que las comunidades autónomas pudiéramos hacer propuestas", ha lamentado.