El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado en su reunión de este miércoles solicitar al Consejo Consultivo la emisión, con carácter de urgencia, del dictamen preceptivo por si hubiera lugar a la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra los reales decretos de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y sanitario, aprobados por el Ejecutivo de España el pasado 20 de abril.
Además se demanda a las consejerías de Educación y Cultura y de Sanidad que elaboren un informe sobre la procedencia o no de acudir al Tribunal Constitucional. Así lo ha explicado en rueda de prensa el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, que ha indicado que la solicitud de este dictamen previo al Consejo Consultivo del Principado de Asturias es una obligación legal previa a la presentación de cualquier recurso de inconstitucionalidad.
"Lo que hacemos es seguir los pasos que hay que seguir y que habían sido obviados por el Gobierno anterior", ha dicho Martínez, que ha explicado que el pasado 17 de mayo, el Consejo de Gobierno en funciones acordó interponer recursos de inconstitucionalidad contra estos dos decretos leyes sin haber cumplido con la disposición legal de reclamar el dictamen del Consejo Consultivo del Principado de Asturias y de las consejerías competentes.
Así ha indicado que ante el hecho de que la decisión de recurrir ante el Tribunal Constitucional los dos decretos leyes fuese adoptada por un Ejecutivo en funciones, sin el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo y los informes de las consejerías afectadas, el Consejo de Gobierno comunicó el pasado 25 de junio al Servicio Jurídico que no adoptase decisión alguna sobre los recursos.
"Cumplidas las obligaciones legales y concluidos los informes jurídicos, el Gobierno del Principado de Asturias tomará una decisión definitiva sobre la presentación o no de los recursos de inconstitucionalidad si se aprecia que se ha producido una invasión de competencias en materia de sanidad y educación por parte del Gobierno central", ha concluido el portavoz del Ejecutivo asturiano.
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