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El parlamento regional aprobó este martes el proyecto de ley de reforma de los presupuestos de 2012, o, lo que es lo mismo, el recorte extraodinario de las cuentas públicas elaborado por el Gobierno de Esperanza Aguirre para poder cubrir los 'agujeros' aparecidos en las mismas y poder cumplir con el límite de déficit impuesto por el Estado.
Las nuevas cuentas prevén un ajuste de gasto de 1.045 millones de euros. De estos, 654 saldrán del plan económico-financiero que la Comunidad se ha visto obligada a presentar por acogerse al plan de pago a proveedores lanzado por el Estado. La Comunidad adeuda 1.279 millones en facturas sin pagar.
Menos por más
El plan económico-financiero incluye los reales decretos ley aprobados por el Gobierno central y que suponen un recorte de 7.000 millones en Sanidad y 3.000 en Educación en todo el Estado. Ello repercute, por ejemplo, en la reducción de la cartera sanitaria de los centros de salud madrileños, el repago de los medicamentos o la eliminación de becas de libros y la reducción de las de comedor. También se contemplan aquí el 'sablazo' en el precio del transporte público. En toal, Madrid recorta 100 millones en Sanidad y 300 en Educación.
Los madrileños pagarán más por la educación, los medicamentos y el transporteOtros casi 400 millones se ahorrarán con la nueva bajada de sueldo a los funcionarios —un 3,3% (141 euros al mes) para los que cobran más de 60.000 euros, hasta el 1,8% (unos 14 euros al mes) para los que cobran menos de 14.000 euros y un 10% en el caso de los cargos políticos— , la eliminación de ayudas y subvenciones —por ejemplo, a la patronal, sindicatos y partidos—, la unificación de compra de suministros hospitalarios, o la creación y subida de las tasas y los precios públicos.
La Comunidad obtendrá 15 millones de euros por conceptos como los 80 euros que habrá que pagar por inscribirse en el Registro como pareja de hecho, los 10 euros por renovar la tarjeta sanitaria en caso de extravío o el incremento del precio de las escuelas de idiomas, las matrículas universitarias o las escuelas infantiles y las casas de niños.
Gritos y desalojo
Ante esta perspectiva, el pleno extraordinario convocado este martes en la Asamblea de Madrid para aprobar los presupuestos no se presentaba tranquilo. El Gobierno no solo se encontró con el rechazo en bloque de la oposición, que intentó 'colar' enmiendas parciales a las nuevas cuentas tras haber sido rechazas sus enmiendas a las totalidad. Además, un grupo de funcionarios y representantes sindicales protagonizaron protestas dentro y fuera del pleno.
Los ordenanzas recurrieron a la fuerza para arrebatar las octavillas a los invitadosEn el interior, los trabajadores invitados por el PSM fueron desalojados por los ordenanzas por lanzar octavillas e increpar a los diputados del PP cuando comenzaban las votaciones. Los ordenanzas llegaron a asir por el cuello a varios de ellos para arrebatarles las hojas de protesta que exhibían y en las que se podía leer "No a los recortes".
En el exterior, dos centenares de funcionarios convocados por los sindicatos la Federación de Servicios Públicos de UGT, la Federación de Sanidad de CC OO, el sindicato de enfermería Satse y la Coalición Sindical Independiente de Trabajadores (CSIT) hicieron llegar los sonidos de sus silbatos hasta el interior de la Cámara.
Vigilados por un fuerte dispositivo policial, denunciaron que Esperanza Aguire les hace "responsables de la mala gestión y despilfarro". "Ellos son los ladrones, no los funcionarios", criticó el secretario general de Administraciones Públicas de CCOO, Javier Díaz Toril.
Votación problemática
La votación del plan de ajuste tampoco fue sencilla, ya que los diputados tuvieron que votar toda la lista de enmiendas a mano alzada, en lugar de mediante el procedimiento electrónico, por las quejas de PSM e IU, que aseguraron que el sistema no estaba registrando correctamente sus votos.
El PP asegura que acomete el recorte por "responsabilidad"Antes, los grupos se enzarzaron en el debate habitual. Antonio Carmona, portavoz económico del PSM, acusó al Ejecutivo de Aguirre de presentar un proyecto que supone una reducción de becas, de ayudas para la compra de libros y de profesores; que disminuye partidas en medicamentos contra el VIH o prótesis; y que recorta 128 millones en políticas activas de empleo, 28 en Formación Profesional, 21 en formación continua o un 20% a la justicia gratuita. "Ustedes ahorran en los menos favorecidos", subrayó el portavoz socialista.
Ramón Marcos, portavoz adjunto de UPyD, se mostró convencido de que la modificación de los presupuestos no pretendía hacer recortes de "partidas maravillosas" —en referencia a las palabras de Esperanza Aguirre—, sino "tapar" la bajada del sueldo de los funcionarios y la creación de nuevas tasas.
El portavoz de Economía del PP, Pedro Muñoz Abrines, defendió que los presupuestos son un ejercicio de "responsabilidad", por cuanto tienen la "clara voluntad de respetar los compromisos" de España con los países europeos sobre la reducción del déficit.
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