La jueza de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado cuatro delitos al ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, al que atribuye haber concedido hasta 154 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas siendo consciente de la ilegalidad del procedimiento.

Durante aproximadamente una hora, la jueza de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, le ha leído los hechos que le imputa y le ha atribuido sendos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, malversación, prevaricación omisiva y activa, y falsedad en documento oficial, según han informado a los periodistas abogados presentes en la declaración.

En este sentido, la jueza considera que, a pesar de los informes jurídicos de empresas auditoras que alertaban de la irregularidad del procedimiento iniciado en época de Francisco Javier Guerrero, el imputado continuó aplicando el mismo "y dando ayudas sin procedimiento", en total 114 ayudas sociolaborales y 17 ayudas directas a empresas por valor de 154.250.040 euros.

De este modo, Márquez "mantuvo el procedimiento a pesar de tener conocimiento del uso abusivo de los fondos públicos, de sus consecuencias ilegales y de las ayudas regaladas a personas próximas a la Junta de Andalucía y al PSOE". "Mantuvo el sistema aunque era jurídicamente inexplicable", ha imputado la jueza a Márquez.

Al hilo, la magistrada le ha imputado que "continuó el procedimiento" establecido por Guerrero, en prisión desde el pasado mes de marzo, "a sabiendas de su ilegalidad, violando el artículo 133 del Estatuto de Autonomía", que señala que "la Administración de la Junta de Andalucía sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, eficacia, simplificación de procedimientos, lealtad institucional y buena fe".

Tras señalar la jueza que el imputado también otorgó ayudas sociolaborales "en contra de la legislación europea" y que "no ordenó el procedimiento de reintegro ni lo puso en conocimiento de la autoridad judicial", la magistrada le atribuye, en relación al ERE de 2007 de Mercasevilla, haber continuado el compromiso adquirido por Guerrero "causando un quebranto económico de nueve millones de euros".

Por último, la jueza Alaya le imputa haber otorgado 30 ayudas a Huelva "con la intención de favorecer a su sector". Por otro lado, la jueza ha hecho entrega este martes a los abogados presentes en la comparecencia de las resoluciones de ayudas otorgadas por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, que está citado a declarar como imputado el próximo día 11 de julio.