La Guardia Civil ha imputado a los directores de cuatro geriátricos de la provincia de Cádiz por adquirir fraudulentamente medicamentos en farmacias usando las tarjetas electrónicas sanitarias de personas que ya habían fallecido.
La operación, denominada "Pócima", se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de un informe de la Inspección de Farmacia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, de que en algunas residencias de la provincia de Cádiz se podrían estar utilizando dichas tarjetas ya invalidadas.
Según ha informado este marte el cuerpo de seguridad, las residencias en las que se estaría produciendo este fraude están ubicadas en los municipios gaditanos de Sanlúcar de Barrameda, Jerez y San Fernando.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se encargó de la investigación y contrastó datos como las fechas y las partidas de defunción de los titulares de las tarjetas, así como los medicamentos y diversos productos sanitarios que se habían adquirido fraudulentamente con ellas.
La operación tuvo lugar a raíz de un informe de la Inspección de Farmacia de la Junta de AndalucíaUna vez contrastados los hechos y recabadas las pruebas, los agentes citaron a declarar a los directores de los geriátricos implicados en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, que finalmente fueron imputados por un delito de estafa y puestos a disposición de los juzgados de guardia de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda y San Fernando.
Las investigaciones continúan abiertas y podría haber nuevas imputaciones, según la Guardia Civil.
En el desarrollo de las investigaciones ha colaborado activamente la Inspección de Farmacia de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía.
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