Alrededor de 200 miembros de la Marea Verde se han concentrado a las puertas de la sede del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deportes del Gobierno de Aragón, en Zaragoza, para protestar contra los recortes aprobados por la consejera, Dolores Serrat. Han leído un "responso para el entierro de la Educación Pública".

Los concentrados han acudido a las puertas del Departamento, en la avenida Gómez Laguna, donde han coreado eslóganes contra el despido de docentes interinos y en defensa de la Enseñanza pública.

Una portavoz ha afirmado que la Educación pública no es gratuita, puesto que se financia con los impuestos y ha proclamado que "la Educación pública no ha muerto", sino que "nuestros políticos la han matado, la han asesinado en beneficio de la Educación privada y concertada".

Esta "triste pérdida" deja apenados a todos los que "no disfrutan de grandes fortunas y hasta hoy disfrutaban de la igualdad de oportunidades".

En declaraciones a Europa Press, Elvira González, de Marea Verde, ha reivindicado el derecho a la Educación y ha alertado de que casi 2.0000 docentes van a perder su empleo.

Otro miembro del colectivo, Alfonso Alegre, ha afirmado que "hay 2.000 personas en Aragón que son profesores y hacen esto porque les gusta y el año que viene van a estar en la cola de paro".

"Al mismo tiempo hay 100.000 millones para los bancos, no lo podemos entender", ha continuado Alegre, quien ha pronosticado que será la Educación del medio rural la más afectada por los recortes: "mucha aulas van a desaparecer y la calidad de la Educación se va a resentir".

En un comunicado Marea Verde ha señalado que el derecho a la Educación es universal y vaticina que a partir del próximo mes de septiembre se masificarán las aulas, se reducirán los apoyos, los desdobles y las tutorías, se suprimirán programas pedagógicos y cerrarán cientos de aulas.

"No vamos a ceder en la lucha contra todos estos ataques a la Educación Pública". Las medidas "regresivas", como los recortes en las becas de comedor y la gratuidad de los libros de texto, afectarán especialmente a las familias. El colectivo tilda de "xenófoba" la decisión del Departamento de excluir de las ayudas a las familias de inmigrantes en situación irregular.