El crimen organizado estuvo presente en la campaña electoral mexicana, durante la que se registraron ataques aislados contra candidatos y siguieron las matanzas de los cárteles de la droga. México lleva años enfrentando una ola de violencia que en los últimos cinco años y medio, con Felipe Calderón en el poder, se desató por las pugnas entre organizaciones criminales y de éstas, contra el Ejército y las policías, que están siendo depuradas.
A los comicios del 1 de julio en México están llamados a votar 79,5 millones de mexicanos que, en el ámbito federal, elegirán un nuevo presidente, 500 diputados y 128 senadores, 925 alcaldes, 6 gobernadores, 15 congresos locales, y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El Instituto Federal Electoral (IFE) detectó potenciales focos de inseguridad en un 14% de las más de 66.000 secciones electorales del país, no sólo por crimen organizado sino también por conflictos interétnicos, religiosos o políticos. El consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ha dicho esta semana que por la inseguridad podría haber problemas puntuales pero que los comicios no estarán condicionados por ella.
¿Seguridad humana o mano dura? Los candidatos favoritos parece que optarán por la primera víaCalderón ha dejado algunos resultados positivos en cuanto a detenciones, con el arresto de 22 de los 37 delincuentes más buscados de México pero en el debe, el mandatario y la aspirante de su partido, Josefina Vázquez Mota, tienen una losa muy pesada: la derivada de una violencia que ha dejado unos 50.000 muertos.
En campaña la violencia se manifestó con particular crudeza cerca de la ciudad de Guadalajara, oeste del país, donde el 9 de mayo fueron encontrados 18 cadáveres decapitados, y el día 13 del mismo mes, cuando fueron halladas 49 personas mutiladas en Cadereyta, norte de México. Además fueron asesinados tres periodistas y otros tantos fotógrafos en los estados de Veracruz y Sonora.
Organismos de defensa de las víctimas como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) elevan hasta 60.000 los homicidios ocurridos en México en los últimos años, de los cuales la mayoría de los cuales están en "total impunidad". "Una elección en estas condiciones es una ignominia, más cuando esta guerra y los dolores inmensos que causa a sus víctimas directas y a sus familias ni siquiera ha merecido ser considerada como una preocupación de primer orden por los partidos políticos y sus candidatos", ha lamentado esta semana el MPJD.
¿Qué prometen los candidatos?
El jurista Salazar Ugarte considera que en México se llega a la elección con "dos lógicas contendiendo": la de la "mano dura", de Calderón, y otra de "seguridad humana", "que trasciende a la persecución del crimen" y amplía la propuesta a medidas de recuperación de espacios públicos, proyectos educativos y de inclusión social. A esta última, con matices, se aproximan los tres candidatos con posibilidades pero dos de ellos, el favorito Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y la conservadora Vázquez Mota, con ánimo continuista.
"Por lo que hace a la militarización no prometen un cambio, ni inmediato, ni tampoco contundente. Han sido ambiguos en sus definiciones al respecto y ambos, desde sus definiciones políticas anteriores, han apoyado con acciones muy concretas, la estrategia del presidente Calderón", asegura.
El contrapunto está en el izquierdista López Obrador, quien "es el único que ha dicho que en el corto plazo regresaría a los militares a los cuarteles". Salazar llama la atención sobre el hecho de que el líder izquierdista sea "el único (...) que estaría dispuesto a considerar la idea de instituir alguna suerte de Comisión de la Verdad",
No obstante, el académico desconfía de que Obrador no se haya pronunciado sobre la reforma al sistema de justicia penal aprobada en 2008 y de progresiva introducción hasta 2016, que implanta un sistema de justicia oral en México. La misma, que implanta además la presunción de inocencia en México y es fundamental para tratar de terminar con la impunidad reinante en el país, sí cuenta con el respaldo explícito tanto de Peña Nieto como de Vázquez Mota.
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