El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha anunciado que el Estado suprimirá todas las mancomunidades (entidad legalmente constituida por agrupación de municipios) y ha recordado que las Diputaciones asumirán las competencias de aquellos ayuntamientos que no cumplan la Ley de Estabilidad Presupuestaria y no puedan prestar "con eficacia y eficiencia" los servicios públicos.

Esto traerá consigo la supresión de cargos públicos y, siguiendo la Ley de Transparencia, "se procederá a una racionalización y homogeneización de los distintos niveles salariales", ha dicho en rueda de prensa.

La decisión se enmarca en el contexto de la reforma de la Administración Local que ha presentado el Gobierno, una "racionalización que traerá importantísimos ahorros que se cuantificarán en el momento en el que se termine de cerrar la negociación política", ha señalado Beteta, quien ha advertido de que, en el caso de que no haya acuerdo con el resto de partidos, "se hará de todos modos".

Beteta también se ha referido a un informe realizado por el Instituto de Estudios Fiscales "que demuestra que es 20 veces más barato la prestación de un servicio global por parte de una Diputación a los municipios pequeños, que la prestación individualizada de los mismos".

"El Gobierno entiende que no es en absoluto exigible la supresión de municipios, pero sí es exigible que todos los municipios cumplan con la estabilidad presupuestaria, que gasten sólo lo que ingresan", ha subrayado en secretario de Estado.

En este sentido, ha indicado que, "en el largo proceso del pago a proveedores" se ha detectado que unos 3.000 ayuntamientos, de los 8.116 existentes, no han cumplido con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en consecuencia, "no podrían seguir gestionando sus propios intereses".

"Se trata de redefinir las competencias y establecer claramente cuáles son las competencias propias que tienen los ayuntamientos y la obligación de cumplirlas con los recursos propios", ha explicado. Una vez que tengan satisfechas estas competencias con sus propios recursos -ha comentado- "podrán pasar a negociar competencias que son propias de las comunidades autónomas a través de convenios".