El bolsillo de los españoles ya no puede más. Cuatro años de crisis económica y de reformas lesivas para las economías familiares están hundiendo a parte de la población española. Como ya ocurriera con el anterior Gobierno, el del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, las previsiones del Ejecutivo se han demostrado demasiado optimistas. Mariano Rajoy y sus ministros no han logrado levantar la situación a pesar de haber iniciado un buen número de medidas que iban destinadas a cambiar el rumbo económico, en ocasiones a costa del bolsillo del ciudadano. Además, la tendencia continúa.

En estos ocho meses de Gobierno, las medidas impuestas por el Ejecutivo de Rajoy se han dejado sentir en el bolsillo y no han servido para paliar ni el paro ni las dudas sobre la solvencia del país, como demuestra que la crisis de deuda se haya agudizado.

Recientemente se han visto varios ejemplos de este proceso: el repago farmacéutico ya está activo, se deja de financiar con dinero público 456 medicamentos de uso común y ha subido el precio de la luz, el gas natural y el gas butano.

Continua así una tendencia que lastra el poder adquisitivo de los españoles y que se inició con las actuaciones de José Luis Rodríguez Zapatero y su gabinete.

El Partido Popular llegó al Gobierno proclamando que su intención era no subir los impuestos. Sin embargo, sus palabras se quedaron únicamente en un mero deseo. Justificada por la célebre "herencia recibida" socialista, el Ejecutivo de Rajoy no tardó en recurrir a los incrementos tributarios.

De hecho, no dejó acabar el 2011 antes de anunciar una subida del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), entre 0,75% y un 7% en las rentas sobre el trabajo en el tramo nacional. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, vendió entonces la medida como un "recargo temporal de solidaridad" y destacó que era temporal y progresivo.

Esta medida ha supuesto un descuento de unos 222,5 euros anuales de media por cada declarante. Más en concreto, a los trabajadores que ganan 17.707 euros anuales brutos o menos —es decir, el 55,2% del total— se les aplica un gravamen extraordinario que les resta 52,7 euros de media al año. Los que perciben entre 17.707 y 33.007 euros brutos al año, deben abonar unos 180 euros más al año; quienes ganan entre 33.007 y 53.407 euros brutos pagan 448 euros de media; los que cobran entre 53.407 y 120.000 euros, pagan 1.153 euros al año, y así hasta quienes perciben al menos 300.000 euros. Estos últimos, a los que se les aplicará un gravamen extra del 7%, han visto menguar su salario unos 13.485 euros.

En el caso de las actividades profesionales, el BOE ha publicado también una subida "temporal" en la retención del IRPF para estas actividades del 15% al 19%.

Junto a esa renta se anunció la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), durante los dos próximos años para el 50% de las viviendas que son las que tienen un valor catastral superior a la media de cada municipio.

Ya en julio, Mariano Rajoy anunció una subida del tipo general del IVA del 18 al 21%, del 8 al 10% en el caso del reducido, y el mantenimiento del 4% en el tipo superreducido para productos de primera necesidad. La subida del IVA supone de media un aumento del gasto anual por familia de entre 415 y 600 euros, según estimaciones de las organizaciones de consumidores OCU y CEACCU, respectivamente.

Dentro de esta subida del IVA, algunos productos y servicios se encarecerán hasta 13 puntos porcentuales, como las entradas de cine o cualquier evento cultural, las peluquerías o los servicios funerarios. En el caso de las peluquerías, varias federaciones y asociaciones del gremio calculan que con esta subida del IVA se destruirán 10.000 empleos y 3.000 pymes solo en el primer año.

Además, pese a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió que el IVA superreducido no se tocaría, sí que subirá desde el 1 de septiembre el material escolar —como cuadernos, ciertos lápices y material de manualidades— del 4% al 21%, exceptuando los libros de texto.

Tras la reforma laboral, las decisiones más polémicas del actual Ejecutivo han sido los recortes en Sanidad y Educación. La política de recorte ya se inició en la anterior legislatura, pero las medidas de los populares están siendo más profundas y veloces, apoyadas en numerosas ocasiones por las comunidades autónomas.

En Sanidad, el Gobierno aprobó el repago farmacéutico el pasado abril. Los ciudadanos pagan desde el 1 de julio los medicamentos en función de la renta, incluidos los pensionistas que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas con un tope de 8 a 18 euros, y del que estarán exentos los titulares de pensiones no contributivas y los parados sin prestación.

Los trabajadores que tienen una renta anual inferior a los 18.000 euros pagan lo mismo que hasta ahora, el 40% de los medicamentos. Si es superior a 18.000 euros, pero inferior a los 100.000 euros, aportarán el 50%, y si ingresa más de esa cantidad al año abonará el 60% de sus medicamentos.

A los pensionistas se les aplica las siguientes categorías: con pensión no contributiva o renta mínima, no pagan nada; con una prestación menor de 18.000 euros anuales, paga un 10% de las medicinas hasta un máximo de 8 euros al mes; si cobran más de 18.000 euros, mismo porcentaje hasta un máximo de 18 euros al mes; y, por último, los pensionistas con rentas superiores a 100.000 euros, abonan un 60%, hasta un límite de los 60 euros al mes.

La aportación de los funcionarios, los militares y el personal al servicio de la administración de justicia será del 30% del precio del medicamento.

Además, recientemente el Gobierno ha propuesto a las comunidades dejar de financiar con dinero público 456 medicamentos de uso común, lo que, obviamente, incrementará su precio de cara al consumidor.

Y no solo en los medicamentos tendrán que rascarse el bolsillo los españoles. El recorte sanitario también implica que los pacientes tendrán que pagar parte de las prótesis, productos dietéticos y el transporte en ambulancia no urgente.

En materia educativa, el recorte que más golpeará las economías de las familias será la subida de las tasas universitarias propuesta por Educación. En abril, el ministro Wert propuso una subida de 540 euros de media en las matrículas. Las comunidades autonómas están anunciando cómo aplicarán el incremento. Madrid, por ejemplo, las subirá una media de 5 a 6 euros el crédito.

El Gobierno de Rajoy también ha decidido aumentar las tasas aeroportuarias españolas, medida que entró en vigor el pasado 1 de julio con efecto inmediato y retroactivo sobre los billetes de avión adquiridos con anterioridad a esa fecha. Los Presupuestos Generales del Estado español para el 2012 incluyen este aumento en torno al 18,9% de media, y del 50% en Madrid-Barajas y Barcelona. De esta forma, las tasas en los vuelos operados entre Madrid y un destino de la UE pasan de 6,95 euros a 14,44, mientras que en El Prat, de 6,12 a 13,44 euros.

Medida también anunciada en el duro 'hachazo' de julio. Se elimina la desgravación por compra de vivienda a partir de 2013. La deducción fue recuperada por el Gobierno de Rajoy cuando llegó a la presidencia.

Además, se elimina la compensación fiscal —un complemento— por deducción en adquisición de vivienda habitual a todos aquellos que la compraron antes del 20 de enero de 2006. Dicha compensación se eliminará para el ejercicio 2012, lo que significa que afectará a la declaración de la renta que se presente el próximo año.

El Gobierno reduce un 15% la paga a los cuidadores familiares de personas dependientes y dejará de hacerse cargo de la cotización a la seguridad social de los no profesionales.

La llamada Renta Básica de Emancipación, una ayuda al alquiler para los jóvenes, se ha visto reducida en un 30%. Los beneficiarios de esta prestación pasarán de recibir 210 euros de ayuda mensuales a 147 euros. Esta ayuda ya no será compatible con otras ayudas o subvenciones establecidas en la normativa autonómica.

Dato clave para poder hablar del poder adquisitivo de la población, junto a los precios, son los salarios. Y es otro dato, que no sale bien parado.

Una de las primeras medidas que se tomaron fue la de congelar el salario a los funcionarios, que ya habían sufrido una rebaja salarial con Zapatero. Fue una de las primeras medidas tomadas por el gabinete congelar la retribución de los empleados públicos y ampliar su horario. En España, hay aproximadamente 2,5 millones de personas dedicadas a la función pública que se han visto afectados por esta congelación.

Ya en julio de 2012, nuevo recorte para los funcionarios. Rajoy anunció en el Congreso que este colectivo no cobrará la paga extra de Navidad en 2012 (la recuperarán como fondo de pensiones a partir de 2015, aunque el BOE no especifica la fecha en que recuperarán esa paga).

Además, la tendencia laboral de este año y la reforma laboral, indica, aún sin datos oficiales, que en la empresa privada, como en años anteriores, los salarios también están disminuyendo.

El paro, el principal mal de esta crisis que ha afectado a nuestro país, no se ha reducido en este primer semestre de Gobierno del PP. A pesar de la polémica reforma laboral que abarataba el despido y que ya costó una huelga general, la tasa de desempleo no ha disminuido, algo que ya entraba en los planes del Gobierno al aprobarla.

Los datos del desempleo en España siguen siendo muy altos —los más altos de la zona euro— a pesar de los tres meses seguidos de bajadas que han culminado con una cifra récord en junio, en la que bajó, a pesar de todo, en casi 100.000 personas. Sin embargo, habrá que esperar para valorar si esto supone una tendencia o simplemente corresponde a la tradicional campaña de verano.

El desempleo agudiza el impacto de la crisis económica al reducir, lógicamente, la capacidad adquisitiva del ciudadano e incide directa y negativamente en el consumo interno. Además, las prestaciones a los desempleados también están siendo objeto de recortes. Recientemente, el PP rechazó en el Congreso revisar la aplicación de la Renta Activa de Inserción, que cobran los parados de larga duración y ampliar el programa Prepara, que concede ayudas a los desempleados a cambio de participar en planes de recualificación laboral. A mediados de julio, Rajoy anunció que la prestación por desempleo para nuevos parados se verá reducida a partir del sexto mes del 60% al 50% de la base reguladora. Sí se mantiene el periodo máximo de duración de esta ayuda: 24 meses.

Los precios, en cambio, sí que están bajando, aunque no tanto como para compensar los otros datos referidos anteriormente. Desde mayo de 2011, en el que el IPC se situaba en el 3,5% y a partir de entonces ha ido descendiendo hasta el 1,9%, que marcaba el indicador adelantado del mes de junio. Uno de los productos que ha sido determinante para esta bajada ha sido el de los carburantes, que llegó a rozar máximos históricos en 2011, agravados por la situación en Libia, pero que se ha ido relajando en los últimos meses.

Lo que parece que no baja, sino que sube, es la factura de los servicios energéticos. Desde el 1 de julio ha subido la luz (3,95%), el gas natural (2,26%) y gas butano (5,92%). Incrementos importantes para unos servicios que ya presentaron fuertes subidas el pasado mes de abril, del 7% y el 5% en el caso de la luz y el gas natural.

Además, la subida del IVA afectará a la factura del teléfono, la luz, el gas y el agua correspondientes a los meses de julio y agosto que se cobren a partir del 1 de septiembre.

Por otro lado, el ministro de Industria, José Manuel Soria, no descarta nuevas subidas de la luz en los próximos meses, que se unirían a las ya aplicadas en abril y julio.

Las medidas que afectan al ciudadano, no solo corresponden al Estado. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos también ha iniciado una carrera de medidas (tanto aumentos fiscales como en recortes), algunas de ellas por las exigentes reformas en materia de déficit impuestos desde el Gobierno y Europa. Son políticas como los siguientes, que no únicos, ejemplos.

Aunque este recargo a los carburantes para financiar la sanidad ya existía, en este periodo de tiempo otras dos comunidades, Baleares y Castilla-La Mancha, han comenzado a aplicarlo. Por lo tanto los carburantes en ambas regiones incrementaron su precio en mayo en 4,8 céntimos por litro.

Castilla-La Mancha, Cataluña y otras regiones han decidido aplicar a su nómina de empleados públicos importantes recortes y congelaciones tanto en su número como en sus retribuciones.

Aspecto que ha sido especialmente polémico en los transportes públicos de la Comunidad de Madrid. El Gobierno regional de Esperanza Aguirre subió en abril —entró en vigor en mayo— una media del 11% el precio de todos los billetes de los transportes madrileños.

La Generalitat catalana, además del repago farmacéutico antes mencionado, ha aplicado desde este junio otro cargo que afecta a los medicamentos. Desde el pasado mes, todos los ciudadanos deben pagar un euro por cada receta expedida por el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), hasta un máximo de 61 euros al año. Únicamente se libran de la tasa, 127.000 personas en la comunidad, por su nivel de renta.

Lo que está por venir no parece que vaya aligerar la carga descrita durante este texto. El rescate de la banca española deja al Gobierno español a merced de la Unión Europea (UE). El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, ya aseguró que tras la ayuda a España, "las recomendaciones de la Comisión Europea (CE) son obligaciones" para nuestro país.

El presidente ya avanzó que se continuarían con las "medidas económicas difíciles", además de las que afectan a las comunidades y ayuntamientos. ¿Ejemplos? El globo sonda sobre los peajes en las autovías. Y es fácil suponer que, sean las medidas que sean, acabarán repercutiendo en el bolsillo del ciudadano.