La decimonovena subasta de electricidad entre comercializadoras de último recurso (Cesur) se ha cerrado con una subida del 9,3%, lo que debería traducirse en un encarecimiento de alrededor del 3,9% del recibo de la luz a partir del 1 de julio si el Gobierno decide congelar los peajes de acceso, que pagan todos los consumidores y retribuyen costes regulados como el transporte, la distribución o las primas a las energías renovables.
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Fuentes del sector explican que el producto base de energía subastado para el tercer trimestre se ha encarecido un 10,3% con respecto al del segundo trimestre, si bien los ajustes de estacionalidad y de apuntamiento posteriores situaron el incremento en el 9,3%. En el tercer trimestre del año el precio de la energía suele repuntar al alza debido al incremento de la demanda y a una menor hidraulicidad.
A pesar de los resultados de la subasta, que debe ser validada por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la decisión final del incremento de la tarifa eléctrica corresponde al Gobierno. Precisamente este martes, el ministro de Industria, José Manuel Soria, estimó que "si nos ponemos en el entorno del 5% [de incremento de la factura] no estaremos desencaminados".
Lo que incluye el recibo de la luz
Los precios de las subastas suponen alrededor de la mitad de la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos unos 20 millones de consumidores, mientras que la otra mitad corresponde a los denominados peajes de acceso, con los que se cubren costes regulados asociados al suministro eléctrico.
El Gobierno ultima esta semana la segunda fase de la reforma del sector eléctrico, basada en medidas fiscales En la anterior revisión de marzo, el Gobierno incrementó con fuerza los peajes lo que, con un descenso del coste de la energía, se tradujo en un incremento medio final del recibo de la luz del 7%. Este alza vino acompañada de un paquete de medidas destinado a reducir en 1.700 millones los costes del sistema.
El Supremo ha rechazado en varias sentencias que los peajes de acceso se fijen en función del coste de la energía y ha obligado a revisar las decisiones adoptadas en trimestres anteriores cuando se congeló el recibo a coste de bajarlos.
No elevar los peajes en las cuantías suficientes ha sido una de las causas que han engrosado el déficit de tarifa, que supera los 24.000 millones y que el Gobierno señala como el principal problema del sector.
El objetivo para este año es que el déficit de tarifa se sitúe en los 1.500 millones y deje de generarse en 2013.
Para acabar con este desfase, el Gobierno ultima esta semana la segunda fase de la reforma del sector eléctrico, basada fundamentalmente en medidas fiscales, y que previsiblemente se aprobará en la primera semana de julio.
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