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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado la mayoría de las cláusulas de la polémica ley de inmigración SB1070 de Arizona, promulgada por la gobernadora republicana Jan Brewer en abril de 2010.
Esta decisión supone una victoria política para el Gobierno de Barack Obama, que había cuestionado la competencia de los estados federados para legislar en materia de inmigración. No obstante, aunque el dictamen afecta a las secciones 3, 5 y 6 de la norma, reafirma parte del fallo del noveno tribunal de apelaciones.
Esto significa que las autoridades estatales de Arizona podrán continuar aplicando la cláusula que les permite verificar el estatus migratorio de personas que detenga por otras infracciones, algo que, según los activistas proinmigrantes dará licencia a la discriminación racial en el estado.
Brewer impugnó la decisión de otros tribunales de bloquear las partes más polémicas de la ley estatal, por lo que el Supremo tenía ante sí varios escenarios posibles: anular solo aquellas secciones que suponían una intrusión en la autonomía del Gobierno federal; dejarlas en pie en aras del reforzamiento de la seguridad pública, o anular unas y validar otras.
El dictamen, según analistas, tendrá amplias repercusiones electorales, además de que afectará el futuro rumbo de leyes estatales que se inspiraron en la SB1070 para combatir la inmigración ilegal.
El debate sobre qué hacer con los aproximadamente once millones de indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos ha llegado hasta la contienda electoral en unos momentos en que los votantes hispanos se perfilan como un bloque definitorio en varios estados clave como Nevada, Florida, Nuevo México y Colorado.
El pasado 15 de junio la Administración Obama decidió suspender la deportación de estudiantes indocumentados de hasta 30 años de edad y que entraron a Estados Unidos cuando eran menores.
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