En rueda de prensa Gregorio Briz ha indicado que la competencia del transporte público en los barrios rurales es de la Comunidad Autónoma, no del Ayuntamiento, que es el que la ejerce. Es una competencia impropia que gestiona la ciudad desde 1989.
Ha opinado que es necesario que una nueva ley autonómica aclare la titularidad de la competencia. Ha explicado que en 2006 se creó un consorcio formado por el Gobierno autónomo, el Ayuntamiento y la Diputación de Zaragoza junto con 30 municipios del entorno de la ciudad, entre otros Alagón y Utebo.
El Consorcio no se hace cargo de algunas rutas, como son las de Casetas, Monzalbarba, Utebo, Alfocea, Garrapinillos, San Juan de Mozarrifar, la Ciudad del Transporte y Villarrapa.
En 2008 el Consorcio encomendó al Ayuntamiento la gestión de estas líneas. Posteriormente el Consistorio expresó que los convenios firmados con empresas operadoras para prestar el servicio no eran sostenibles y se planteó la creación de un grupo de trabajo con el Consorcio para que este se hiciera cargo de las rutas mencionadas. La propuesta fue que el Ayuntamiento pagaría la mitad del coste y el Gobierno regional la otra mitad, lo que el Ejecutivo rechazó.
Briz ha criticado al consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, por su "recelo" a firmar un convenio. El diputado de CHA espera que el Ayuntamiento se haga cargo de la parte que le corresponda, pero no de toda la financiación del servicio.
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