Los tres grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla y León aprobarán de forma unánime la modificación de la Ley que regula la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para favorecer la participación de la sociedad y generar de este modo el "escaño del ciudadano", ya que podrán ser los proponentes quienes defiendan sus reivindicaciones ante el parlamento regional.
La modificación de la normativa facilitará la participación de los ciudadanos y promoverá la presentación de iniciativas para lograr un "parlamento de puertas abiertas" desde una reforma "consensuada" y respaldada por los cuatro "colores" con representación en las Cortes —PP, PSOE, IU y UPL—.
El primer cambio sustancial se concreta con la posibilidad de los ciudadanos de defender iniciativas ante el Pleno de las Cortes, algo que con la normativa actual no era posible ya que la participación en la Cámara se limitaba a parlamentarios y miembros del Gobierno. Así, a través de este cambio, se abre la participación a los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
En segundo lugar se reducirán los requisitos necesarios para la presentación de una ILP, así será necesaria para su debate en el Pleno la presentación de 21.000 firmas procedentes de cinco provincias de la Comunidad, cuando antes era necesario contar con 25.000 firmas. Las nuevas tecnologías se incorporan también para facilitar la participación, ya que las firmas para secundar una iniciativa se podrán registrar también a través de Internet.
Los tres grupos con representación en las Cortes han acordado también introducir la posibilidad de que ninguna iniciativa sea desechada y pueda debatirse en el Parlamento. Por lo que si una ILP no cuenta con el respaldo suficiente para su debate en Pleno podrá ser abordada en una Comisión que se pondrá en marcha para este efecto.
La nueva Ley abrirá la posibilidad de abordar otras materias y será más flexible en cuanto a plazos y más exigente en su tramitación. Así, los promotores contarán con nueve meses para presentar la iniciativa, un plazo que se podrá prorrogar tres meses más, cuando la fecha límite actual es de seis meses, mientras que las Cortes tendrán seis meses para incluirlas en el Pleno.
Del mismo modo, la normativa establecerá además una dotación económica de 15.000 euros para que "ninguno iniciativa se quede sin presentar por falta de recursos" y clarifica su tramitación así como la tutela de los derechos de los promotores, al permitir un recurso inmediato ante el Tribunal Constitucional en el caso de que la Mesa de las Cortes inadmitiera una iniciativa legislativa popular.
Pnl psoe y grupo mixto
Por su parte, los grupos parlamentario Socialista y Mixto defenderán ante el Pleno una Proposición No de Ley (PNL) a través de la que instarán a la Junta a que se dirija al Gobierno para que en la Conferencia de negociación acerca del Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), trabaje a favor de conseguir las siguientes medidas como una 'Regla de Oro' del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que prohíba que se autorice una transferencia de armas cuando exista un riesgo sustancial de que las armas objeto de la transferencia vayan a usarse para cometer, o facilitar que se cometan, violaciones graves del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.
Del mismo modo, a través de esta PNL reclamarán una cobertura exhaustiva que incluya controles sobre todas las armas, municiones, armamento y materiales conexos y sobre todas las transferencias así como regulaciones sólidas en los sistemas de concesión de licencias, transparencia y presentación de informes.
Por último, reclamarán a la Junta que solicite al Gobierno de España que utilice todos los medios diplomáticos a su disposición para conectar con todos los gobiernos con carácter general, y de forma específica a los gobiernos de China, Rusia, Estados Unidos de América, Reino Unido, Francia, Turquía, Australia, India, Indonesia, Sudáfrica, México, la Unión Europea, Brasil, Nigeria y Egipto, para plantearles que apoyen la inclusión de las medidas del apartado anterior se incluyen en el TCA.
Por su parte, el PP defenderá una PNL para la Junta mantenga el impulso, desde el diálogo en el seno de la Mesa Ordenación del Territorio, los Grupos de Trabajo creados al efecto y las reuniones territoriales con los alcaldes, del nuevo modelo de ordenación del territorio, basado en la asociación voluntaria de municipios para generar economías de escala que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Popular defenderá de este modo que se avance en el "fortalecimiento" de los municipios de Castilla y León que asegure el cumplimiento con eficiencia de sus competencias y la necesaria representatividad en defensa de los intereses de los mismos.
Asimismo, los 'populares' a través de este iniciativa pedirán que se redefina el papel de las diputaciones provinciales desde el reconocimientos de su función esencial en el mundo rural, para que vuelquen todos sus esfuerzos en el apoyo a las asociaciones voluntarias de municipios y a los pequeños municipios.
Por último el PP reclamará que se presente ante las Cortes un Proyecto de Ley que dé adecuado amparo normativo al modelo de ordenación del territorio en Castilla y León y que el modelo de ordenación del territorio se plantee al Gobierno de España, "como modelo que se ajusta a las peculiaridades y características del territorio de Castilla y León, que cree en el municipalismo y en papel de las diputaciones provinciales".
Por su parte, el PSOE defenderá tres proposiciones más, una destinada a que el Gobierno de España introduzca determinadas condiciones previas a la recapitalización de entidades financieras, una segunda relativa a la racionalización del número de ayuntamientos y, por último instarán a la Junta a que habilite en los Presupuestos de 20121 una línea de subvención para la contratación de desempleados en el ámbito de colaboración con las corporaciones locales.
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