El flamante presidente de Paraguay, Federico Franco, ha asegurado que pedirá ayuda a su predecesor, Fernando Lugo, para "atenuar" las tensiones que se han desatado en Latinoamérica a raíz de la destitución aprobada por el Senado paraguayo este pasado viernes.

Franco ha declarado que trabajará para "disuadir y convencer" al Gobierno argentino de la legitimidad de la remoción de Lugo a través de un "juicio político" por "mal desempeño" en la gestión del desalojo de una finca en la localidad de Curuguaty, en el sureste del país, que se cobró la vida de 17 personas entre campesinos y policías.

De hecho, la Constitución de Paraguay establece en su artículo 225 que el jefe de Estado solo podrá ser sometido a un juicio político "por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".

Además de Argentina, que ha anunciado la salida de su embajador en Paraguay, la Unión Suramericana (Unasur) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han recriminado el 'modus operandi' llevado a cabo en este juicio político.

Tal y como han criticado, asimismo, Venezuela, Bolivia, Chile, El Salvador, México, Costa Rica, entre otros, Lugo no dispuso del tiempo suficiente para preparar su defensa.