Los funcionarios autonómicos han pasado en unos años de ser un colectivo de los más envidiados por el resto de ciudadanos, dada la seguridad en su trabajo y sus sueldos, a estar en el punto de mira de las administraciones para los recortes, empezando por las instituciones europeas, lo que les ha llevado a la incertidumbre.

El colectivo, que supera 1,3 millones de personas y supone más del 50 % del total de empleados públicos de España, afronta 2012 con la disyuntiva de tener que trabajar más horas por menos sueldo, lo que se ha traducido en frecuentes movilizaciones.

Aunque no es lo mismo trabajar en el País Vasco, de las comunidades donde menos han variado las condiciones, a en otras como Cataluña o Castilla-La Mancha, donde a la normativa estatal añaden la propia, más dura aún.

Así se desprende de los datos ofrecidos por los gobiernos regionales, todos salvo Extremadura y Cantabria, que, en general, prevén una reducción en los ingresos y complementos de estos trabajadores, así como de sus plantillas, y un aumento del horario.

En el País Vasco, el año pasado había 41.664 trabajadores autonómicos y éste 43.006, sin contar los del Servicio Vasco de Salud ni los de las sociedades públicas. El Gobierno vasco justifica el aumento por la incorporación del Servicio de Empleo y personal transferido desde la Administración central. Aunque la mayoría de las autonomías no han convocado oposiciones para este año, Euskadi ha hecho una oferta pública de empleo en Sanidad, para cubrir 2.600 plazas, y en Educación, 531. Este año y el pasado no se les ha bajado el sueldo, aunque sí en 2010, el 5 %, y en 2009 hubo congelación.

En la Generalitat de Cataluña trabajan 165.073 funcionarios, interinos y laborales, aunque si se suman los de las empresas públicas y del sector concertado se elevan a 500.000. Entre las medidas de ahorro acordadas por el Ejecutivo de Artur Mas destaca la reducción de jornada y del sueldo, un 15 %, para los interinos, y de un 5 % en el sueldo anual de los trabajadores de la Generalitat, rebaja que podría extenderse a los dos próximos años.

Los funcionarios catalanes han visto modificada su jornada y los horarios, y soportado cambios de adscripción de puestos de trabajo, además de la supresión de algunas ayudas, como las de la comida, y la reducción del número de días de libre disposición. El Instituto Catalán del Suelo planteó un ERE para despedir a 203 de 496 empleados, medida que estiman se extenderá a otras empresas públicas.

Del recorte previsto en Andalucía de 2.500 millones de euros, más de 750 saldrán de recortes salariales, un 7,5 % en el caso de los altos cargos, y la Junta se ha comprometido a que ningún empleado público perciba menos de mil euros por jornada completa. Entre otras medidas, se ha establecido un tope máximo del 10 % para disminuir la jornada laboral y las retribuciones del personal temporal, frente al 15 inicialmente planteado.

Madrid tiene más de 180.000 trabajadores autonómicos y ha previsto una tasa de reposición igual a la estatal, del 10 %, por lo que convocará 149 plazas de maestro, prevé 2.500 puestos en sanidad, de ofertas anteriores, y 79 de bomberos. El año pasado, a los funcionarios madrileños les bajaron el sueldo un 5 % y este año será de entre el 1,8 % y el 3,5 %.