La Fiscalía ha solicitado que Rafael Blasco, portavoz del PP en Les Corts Valencianes y exconseller de Solidaridad, sea imputado en la llamada “causa de la Cooperación” sobre una aparente trama de malversación de fondos de la Generalitat destinados a ayudas para cooperación internacional.

Según un texto de la Fiscalía Especial contra la Corrupción en Valencia, este viernes se ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia que eleve al Tribunal Superior de Justicia valenciano el contenido de las diligencias previas practicadas, dada la condición de aforado de Blasco.

La Fiscalía considera que hay "fundados indicios de la participación" en los hechos investigados de Rafael Blasco y la posible comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia dictó el pasado día 12 una resolución según la cual había indicios para "imputar hechos de naturaleza delictiva" a Blasco, que era el titular de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía cuando se concedieron las ayudas investigadas.

Dicho juzgado ya ha pedido a Les Corts Valencianes que certifiquen y acrediten la condición de diputado autonómico de Blasco, que la semana pasada renunció "temporalmente" a las "responsabilidades y funciones del cargo" de portavoz del grupo popular del Parlamento autonómico.

La jueza instructora de la denominada "causa de la cooperación" ha imputado hasta ahora a un total de veintisiete personas y ha autorizado entradas y registros en domicilios de personas físicas y jurídicas, incluidas dependencias oficiales de la Conselleria de Bienestar Social, ahora de Justicia y Bienestar Social.

El sumario está abierto desde mayo de 2011 por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvención, blanqueo de capitales, cohecho y falsedad documental.

Seis de los imputados ocupaban cargos de la Administración autonómica en el momento de su detención o declaración ante la juez, entre ellos el ex director general de Cooperación de la Generalitat Josep Maria Felip y el exsubsecretario de la Conselleria de Sanidad Alexandre Catalá.

También formaba parte del Gobierno de la Generalitat la exjefa del Servicio de Gestión de Programas de Cooperación de la Conselleria de Solidaridad Dolores Escandell, que fue detenida y puesta en libertad así como el exjefe de área de Cooperación al Desarrollo y Solidaridad Marc Llinares.

El resto de personas imputadas actualmente están, en su mayoría, relacionadas con seis ONG, como el responsable de la Fundación Hemisferio César Augusto Tauroni, que permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La jueza mantiene distintas medidas cautelares para todos los imputados que están en libertad provisional, que van desde la presentación periódica en los Juzgados a la retirada de pasaporte o la obligación de solicitar autorización para salir del país.

La acción judicial se sigue por el supuesto desvío parcial de las cantidades que se concedían a determinadas ONG a través de las subvenciones, con facturas que, supuestamente, se inflaban para justificar el dinero concedido.

Los proyectos sobre los que supuestamente se ha desviado parte del capital concedido por la Administración se ubicaban en Guinea Ecuatorial, Camerún, Mauritania, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Tailandia y Haití, país éste último donde el supuesto desvío no se hizo efectivo.