El portavoz de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) en Andalucía, Bernardo Santos, ha reprochado al Gobierno andaluz que "asuma" el copago a pensionistas fijado en el RDL 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, tras el anuncio de su Consejería de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, de que los pensionistas andaluces no tendrán que adelantar a partir del 1 de julio el pago de los fármacos que retiren de las farmacias con cargo a una receta pública, más allá de los tramos fijados en este real decreto.

Montero explicó que el decreto fija para todo el Estado que los pensionistas abonen por adelantado el pago de sus medicinas, un dinero que luego le sería reintegrado de forma semestral si superan sus límites mensuales fijados en función del nivel de renta de cada usuario, y que comprende una horquilla mensual de pago que va de los 8 a 18 y 60 euros.

En el caso andaluz, el sistema que permitirá ahora a los pensionistas no tener que adelantar más dinero hasta su reintegro definitivo a los seis meses que el que fija el Gobierno central es gracias a la historia clínica digitalizada Receta XXI .

Para Santos, este mecanismo "supone en la práctica asumir la tesis del Gobierno central de que los pensionistas tienen que pagar por sus recetas", motivo por el que ha mostrado en declaraciones a Europa Press su "desilusión por un Gobierno de coalición entre PSOE e IU que se dice de izquierdas".

"Esta actitud desacredita en la práctica al actual Gobierno, aunque nos pretendan vender como una medida progresista y de izquierdas el que los pensionistas al menos no tendrán que adelantar más pagos del tope de copago que se fije para cada uno en función de su nivel de renta", ha enjuiciado el portavoz de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública.

De hecho, ha admitido que desde la FADSP "nos esperábamos que la Junta de Andalucía hubiese adoptado una actitud valiente como la del Gobierno del País Vasco", en referencia a la tramitación de urgencia por parte del Gobierno vasco de un decreto que evitará a los pensionistas de esa comunidad pagar por sus medicamentos, además de proteger a los inmigrantes en situación irregular y que no se les retire su tarjeta sanitaria.

"Ya que han decidido intervenir en esta cuestión del decreto, lo normal es que hubieran hecho un decreto que eximiera a los pensionista de este pago y no recurrir a los menos malo dentro de lo malo", ha zanjado.