Se incrementan los robos perpetrados por menores y cae la delincuencia de adolescentes extranjeros

Caldevilla valora que el funcionamiento de la Fiscalía de Menores es "óptimo"

En 2011 se incrementaron levemente los delitos de robo con violencia o intimidación perpetrados por menores en Asturias, donde además se redujeron de forma importante las causas judiciales en las que están implicados menores extranjeros.

Los datos han sido presentados este viernes por el fiscal delegado de Menores del Principado, Jorge Fernández Caldevilla, quien ha destacado que 2011 fue un año sin delitos graves, en el que persistió, sin embargo, la criminalidad asociada a la falta de integración de los inmigrantes marroquíes no acompañados y a los focos de marginalidad en el colectivo gitano.

En concreto, entre los meses de enero y diciembre se registraron 198 causas por delitos de robo con violencia o intimidación, frente a las 163 de 2010, mientras que se mantuvieron estables los robos con fuerza.

El fiscal ha recordado que estos delitos tuvieron en alerta durante el verano a los barrios de La Corredoria y La Tenderina, en Oviedo, donde fueron detenidos menores marroquíes que asaltaban a sus víctimas apretándolas el cuello hasta hacerles perder el conocimiento.

Con todo, el año pasado se registró una reducción importante del número de causas que implican a menores extranjeros, al pasar de 173 a 116 en 2011. Además, de esos 116 en 77 casos se trataba de menores tutelados por el Principado, frente a los 123 de 2010.

El portavoz de la Fiscalía ha informado de que, pese a ello, siguen siendo uno de los grupos que cumplen mayoritariamente medidas de internamiento en la comunidad, tanto por la gravedad como por la reiteración de los delitos. En efecto, de los 35 internos en el centro de Sograndio a finales de 2011, 12 eran magrebíes, 4 de otras nacionalidades y los 19 restantes españoles.

Junto a ello, de que algunos de estos menores extranjeros delinquen deliberadamente para posteriormente beneficiarse de la paga por excarcelación a la que tienen acceso tras seis meses de internamiento. Al respecto, la Fiscalía ha trasladado al Principado la conveniencia de que sea su representante legal y no el menor quien cobre las ayudas previstas, con el fin de que pueda destinarlo al abono de las responsabilidades en las que hubiese incurrido.

Por último, el fiscal ha concluido que la criminalidad juvenil se mantuvo prácticamente invariable durante el último año, tanto en lo referido a las diligencias preliminares (1295), como de expedientes iniciados (474). Además, ha valorado el "óptimo funcionamiento" de la Fiscalía de Menores, tanto en rapidez, como en sincronización con el juzgado, y en la ejecución de las medidas, que permite satisfacer a las víctimas y evitar que los menores reincidan.

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