El fiscal delegado de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, ha reclamado al Gobierno del Principado de Asturias que se cree un departamento dedicado al impulso de la protección de los menores, materia que ha quedado en un segundo plano como consecuencia de los sucesivos cambios políticos.

En la rueda de prensa de presentación de la memoria de actividad de la Fiscalía de Menores correspondiente a 2011, el titular del departamento ha recordado que con la supresión del Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, que funcionaba "casi como una dirección general", las competencias de este han pasado a la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

Así, ha alertado del riesgo de que se 'institucionalice' en exceso a los menores cuya tutela depende del Principado y que en la actualidad pueden estar hasta cinco años o, excepcionalmente, toda su infancia bajo la responsabilidad de las instituciones autonómicas, cuando "lo normal sería que en el plazo máximo de un año se les diese la posibilidad de volver a su familia biológica o de ser acogidos por otra".

De acuerdo a los datos recogidos en la memoria, en 2011 113 menores en situación de desamparo han sido tutelados en Asturias. Además, en 198 casos se adoptaron medidas de apoyo familiar por encontrarse el menor en situación de riesgo, y se constituyeron 99 acogimientos administrativos y 36 provisionales. Por último, en el mismo año se tramitaron 158 procedimientos judiciales relativos a acogimientos y 71 a adopciones.

Ley "obsoleta"

También en el apartado de las reivindicaciones, el fiscal ha urgido a reformar la "obsoleta" Ley autonómica de Protección a la Infancia, que data de 1995. En este punto, ha solicitado una nueva regulación que establezca los cauces a seguir en caso de adopción y acogimiento y que clarifique la legislación y los plazos, de modo que permita agilizar los procesos.

Durante su comparecencia, Caldevilla se ha mostrado partidario además de una reforma legal que permita, exclusivamente para los delitos de mayor gravedad, que el internamiento cautelar del menor pueda llegar al año de duración -frente a los nueve meses actuales- y que se contemple la prórroga del mismo hasta la mitad de la medida de internamiento cerrado impuesta en primera instancia por el juez de menores.

También para este tipo de delitos, ha instado a estudiar la posibilidad de que se unifique en un proceso único la tramitación y juicio de los delitos en que actúen conjuntamente mayores y menores de edad, aunque ha reconocido que supondría una gran demora para el menor, donde la inmediatez de la respuesta judicial es "esencial".

Por último, ha contemplado la posibilidad de que para los delitos más graves cometidos por menores de 12 o 13 años -como las violaciones- se establezca el enjuiciamiento de los hechos y la determinación de responsabilidades civiles ante el juez de menores, para evitar la indefensión de la víctima, que actualmente sólo puede acudir con sus propios medios a un procedimiento civil para exigir la reparación de los perjuicios.