Bizkaia concentra el 72,27 por ciento de las suspensiones en las prestaciones sociales iniciadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante sus primeros cinco meses de gestión íntegra de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). El resto de suspensiones a perceptores que incumplían los requisitos marcados por ley se distribuyen entre un 13,88 por ciento en Álava y un 13,83 por ciento correspondiente a Gipuzkoa.

"Estos datos demuestran cómo se han hecho las cosas en Euskadi durante los últimos años con respecto a la lucha contra el fraude en las ayudas sociales, y la diferencia de gestión y de control que ha existido de una diputación a otra", ha afirmado el director general de Lanbide, Javier Ramos.

Durante estos primeros cinco meses de gestión íntegra de la RGI y la PCV, el personal de Lanbide ya ha iniciado procedimientos de suspensión a 2.031 perceptores de ambas prestaciones. Del análisis de estos expedientes se ha detectado la procedencia geográfica del fraude. En términos económicos, la magnitud de esta operación de lucha contra el fraude en las ayudas sociales representa un montante de 17,28 millones de euros al año.

Tardanza en bizkaia

En el caso de Bizkaia, su diputación ha sido la administración foral que más tiempo ha tardado en entregar sus expedientes. "En este caso, más de seis meses para transferir el grueso de sus informes, 15.000 expedientes ordinarios pendientes, el 40 por ciento de los que gestionaba", ha destacado Javier Ramos.

De hecho, medio año después de que el Parlamento vasco encomendara a Lanbide la gestión íntegra de estas dos prestaciones económicas con el objetivo de ligarlas a la activación laboral, la Diputación vizcaína "todavía no ha entregado todos los expedientes que obran en su poder", ha denunciado.

"Pese a que la mayor parte del trabajo le venía hecho por los servicios sociales de los municipios, este retraso ha supuesto demoras en el pago a personas que lo necesitaban y pagos sin control en casos que incumplían la ley, circunstancia que ha sido atajada por Lanbide una vez revisada la documentación remitida. Nos hemos encontrado mucho descontrol en los documentos entregados por la Diputación de Bizkaia y los datos de suspensiones así lo corroboran", ha subrayado Ramos.

El fraude detectado por el personal de Lanbide en el cobro de prestaciones sociales se centraliza en Bizkaia, que acapara el 72,27 por ciento de los casos descubiertos, casi 20 puntos por encima de lo que le corresponde por índice poblacional. Mientras que Álava representa el 13,88 por ciento y Gipuzkoa, el 13,83 por ciento.

Tan amplia diferencia entre Bizkaia y el resto de territorios no se refleja sin embargo en el porcentaje de población que, según los últimos datos del Eustat, se distribuye con un 53 por ciento de la ciudadanía vasca localizada en Bizkaia, un 32,33 por ciento en Gipuzkoa y el restante 14,66 por ciento, en Álava.

Los expedientes entregados hasta la fecha por la Diputación Foral de Bizkaia acumulan una media de demora en la resolución de entre siete a ocho meses. "Incluso el personal de Lanbide se ha encontrado con decenas de casos que superan el año de demora. Esta circunstancia ha retrasado gravemente la gestión de las ayudas sociales en ese territorio, ha entorpecido el control y seguimiento de los expedientes, así como la lucha contra el fraude en esta prestación", ha criticado Ramos.

Lanbide ha revisado uno a uno cada estos expedientes y ha pagado a los perceptores afectados las cantidades que la Diputación Foral de Bizkaia les adeudaba, pese a cumplir todos los requisitos para recibir una prestación social. "La gestión de la Diputación vizcaína con la RGI ha sido nefasta y resulta aún más dramática su incapacidad cuando los afectados son familias con graves apuros económicos", ha destacado.

Gestión de la diputación

Esta demora en la resolución de expedientes por parte de la Diputación Foral de Bizkaia ha provocado asimismo que Lanbide haya abonado ya un montante extra de 13 millones en las nóminas de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) para saldar los atrasos generados por esta administración foral, responsable de su gestión hasta el pasado diciembre.

El Servico Vasco de Empleo ha afirmado que se ha visto obligado a efectuar "tan importante desembolso económico para reparar a los ciudadanos afectados el perjuicio creado por el anterior gestor en Bizkaia". En concepto de atrasos de RGI generados por la Diputación de Bizkaia, Lanbide ha desembolsado 9.640.311,87 euros. Mientras que la factura en PCV asciende a 3.431.178,54 euros.