El comité de empresa del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, ha celebrado este jueves una reunión con el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas (IU-CA), a cuenta de la liberalización parcial de servicios promovida por la comisión ejecutiva de la compañía y otros conflictos como las rentas del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007. Valderas, según el comité de empresa, ha "tomado nota" de las reivindicaciones de la plantilla para "tratarlas con cariño".

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que durante la reunión, Diego Valderas "ha tomado nota" de las principales reivindicaciones de la plantilla, relacionadas con la liberalización impulsada por Mercasevilla sobre los servicios de la lonja de pescado o la incertidumbre que pesa sobre los 40 prejubilados del ERE promovido en 2007 por la empresa. Y es que la Consejería de Empleo se desvinculó hace años de la financiación de estas prejubilaciones pese a figurar en el procedimiento como principal fuente de financiación.

Valderas "toma nota"

"Valderas ha tomado nota y ha dicho que tratará con cariño estas reclamaciones", ha manifestado Domínguez. La asamblea de trabajadores, en paralelo, ha dado luz verde a un calendario de movilizaciones para combatir esta citada liberalización de servicios centrada en la actividad de la lonja de pescado, dado que afecta a cien de los 198 miembros de la plantilla.

Este viernes, así, los trabajadores de Mercasevilla celebrarán una protesta a las puertas del Ayuntamiento, socio mayoritario de la empresa, coincidiendo con la celebración del pleno correspondiente al debate sobre el estado de la ciudad. La liberalización acordada por la comisión ejecutiva de Mercasevilla parte de un informe elaborado por el secretario general del Ayuntamiento y del consejo de administración de Mercasevilla, merced a los requerimientos de la Comisión Europea. Esta institución, según el Ayuntamiento, resolvió en agosto de 2011 incoar un expediente por un posible caso de "monopolio" en torno a los servicios que Mercasevilla impone y cobra a los mayoristas de pescado en la lonja del mercado central.

Porque en junio de 2010, los mayoristas de pescado de Mercasevilla elevaron a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la supuesta "vulneración" de cuatro normas recogidas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el caso de los servicios que el mercado central de Sevilla grava a estos empresarios por servicios como la facturación o el transporte y manipulación del género, todos ellos prestados a través de la plantilla de la propia sociedad mixta. Los gravámenes en cuestión fueron censurados por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución emitida en 2002 e incluso ratificada en 2006 por una sentencia de la Audiencia Nacional (AN).

El informe del secretario

El Parlamento Europeo, en el seno de su Comisión de Peticiones, examinó el caso y expuso que "el suministro obligatorio de servicios previo pago" que pesa sobre los mayoristas de pescado "podría incidir en la libertad de establecimiento". Laetitia Lecesne, responsable de Servicios de Empresa en las instituciones comunitarias, señalaba durante el debate plenario celebrado en junio de 2011 que estos cobros serían "susceptibles" de incompatibilidad con el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea, que consagra el principio de libertad de empresa.

Así, y merced al expediente incoado por la Comisión Europea, el pasado 7 de mayo el secretario general del Ayuntamiento emitió un informe titulado "La prestación de servicios en Mercasevilla". Este informe, recogido por Europa Press, concluye que los reglamentos de prestación de servicios y régimen interior de Mercasevilla necesitan una "profunda revisión" y que los servicios a prestar "en régimen de monopolio" habrán de estar circunscritos exclusivamente a los servicios públicos o comunes, con lo que "el resto de servicios deben ser liberalizados". El informe exime de la liberalización a servicios como la conservación y mantenimiento de las instalaciones o la vigilancia pero señala que el resto "deben ser liberalizados porque "atentan contra el principio de libertad de empresa".