El Gobierno de Aragón ha rescindido durante el último año doce alquileres cuyo importe anual supera el millón y medio de euros (1.555.995 euros). A éstos, se añadirán en las próximas semanas otros diez más que comportan un pago anual conjunto de 1.554.915 euros. De este modo los alquileres rescindidos superarán los 3,1 millones de euros.

La cifra global de todos los alquileres que habían de satisfacer anualmente los diferentes departamentos y organismos públicos del Ejecutivo autónomo ascendía a 6,3 millones.

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, Antonio Suárez, ha indicado que esta medida "se enmarca en la actual política de ahorro de alquileres del Gobierno de Aragón, que en estos momentos ya ha hecho que paguemos un millón y medio de euros menos y dentro de un par de meses pagaremos 3 millones de euros menos, lo que supone un ahorro de un 50 por ciento del plan de alquileres".

Los alquileres rescindidos hasta la fecha afectan a servicios administrativos y de atención al ciudadano que se han trasladado a otras dependencias propiedad de la Administración de la Comunidad aragonesa, como el Edificio Pignatelli, el de San Pedro Nolasco, el recinto Expo en Zaragoza o los edificios de las calles San Jorge y Ricardo del Arco, en la ciudad de Huesca.

Traslado de política territorial

El Departamento de Política Territorial e Interior abandona el edificio de Puerta Cinegia, en el que ocupaba toda la segunda planta con un coste de 36.000 euros mensuales, y pasa a ocupar un espacio en el Pignatelli.

Además, durante estos meses se ha trasladado la Agencia Aragonesa de Seguridad Alimentaria, la Ventanilla Única Empresarial—trasladada a la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza—, las sedes de Aragonesa de Servicios Telemáticos, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y el Instituto Aragonés del Agua, la Oficina de Empleo de la Almozara y las Direcciónes Generales de Justicia y Urbanismo. Los de próxima rescisión son de la misma naturaleza y como ha ocurrido hasta ahora su traslado será comunicado en el caso de que sean puntos de atención al ciudadano.

Un millón de euros

La cifra de 3,1 millones de euros en alquileres rescindidos durante el primer año de legislatura del actual Gobierno de Aragón supera en casi un millón la previsión hecha inicialmente para este plazo cuando se puso en marcha el Plan de Racionalización del Gasto Corriente.

Este plan incluía entre sus 104 medidas y en el apartado de 'Gestión del Patrimonio' una destinada a evitar la contratación de arrendamientos para la ubicación de servicios públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, mediante la rescisión de los contratos vigentes conforme a los términos pactados en cada uno de ellos y en función de la disponibilidad de espacios propios.

La finalidad de esta medida es racionalizar el uso de los espacios públicos aprovechando mejor los propios y ahorrar en el pago a terceros siempre que sea posible, ya que hay determinadas dependencias que por sus características y necesidades no pueden abandonar sus emplazamientos actuales aunque sean del alquiler.