La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Begoña García Retegui, junto con la diputada, Teresa Rosique, han comparecido esta mañana en la Asamblea Regional para hablar sobre los proyectos de ley del Gobierno que afectan en las cuantías a los servicios sociales y a la política social, asegurando Retegui que la Ley de Acompañamiento "es la vía que ha encontrado el Gobierno para modificar decretos y normas que antes daban seguridad".

Por su parte, Rosique ha añadido que "cuanto más crece la pobreza en la Región de Murcia, más recortes plantea el Gobierno en protección social".

García Retegui ha dicho respecto a discapacidad, dependencia y servicios de atención primaria, que los ayuntamientos "colaboraban en un 65%, siendo Murcia la Comunidad que menos paga en este sentido del conjunto de España".

Y ve "injusto" que la Comunidad apruebe "un recorte en el 30% del dinero que van a mandar en 6 meses a los ayuntamientos, cuando éstos son los que más dinero tienen que poner para los servicios", por lo que "los ayuntamientos tendrán que incrementar de una forma importante sus partidas para seguir manteniendo estos servicios".

Según Retegui, "respecto a la Ley de acompañamiento, el Consejo Jurídico ha indicado que la modificación de decretos regionales tiene que ver con compromisos suscritos con el conjunto del Estado y con Comunidades Autónomas".

Así pues "se reducen las ayudas, el Gobierno pretende ampliar el copago, y lo introduce donde no había copago antes", con lo que "todos los servicios sociales tienen copago".

Por su parte, Rosique ha dicho que el Gobierno "incumple la Ley regional de servicios sociales", pues el Consejo Regional de Servicios Sociales y consejos sectoriales tienen que reunirse antes de que el Gobierno remita a la Asamblea el proyecto" y que "el Consejo Jurídico así lo denuncia".

Por lo tanto "se atacan los derechos de los más vulnerables, personas con discapacidad, y personas mayores", que "no han tenido la oportunidad de poder opinar y conocer la modificación que el Gobierno Regional ha preparado", suscitando con ello "una inquietud tremenda ante los recortes que se plantean por parte de colectivos dedicados a la discapacidad, que han salido denunciando esta situación".

Según Rosique, "los recortes son en prestaciones básicas de servicios sociales, que afectan a los ayuntamientos, que sufren un recorte cuando son la primera puerta por la que el ciudadano accede a los servicios sociales".

"Otro eje donde recae el recorte, es en personas con discapacidad, trastornos mentales, mayores, con los programas de inserción", donde se ha advertido "que las asociaciones pueden dejar de prestar servicios".

También ha hablado la diputada socialista de "recortes en ayudas y proyección social", donde hay que estar "alerta con los índices de pobreza en la Región", "que alcanzan hasta el 37% de la población", y donde se necesitan "políticas de inserción y renta básica de inserción".

Discriminación de las personas con dependencia

Rosique ha matizado que "el Gobierno se está alejando al incumplir los acuerdos", y que esto supone "discriminación de las personas con dependencia en Murcia, con respecto a otras comunidades". Con las modificaciones que plantea la Ley "ahora afecta al plazo de resolución de los expedientes, que antes era de seis meses desde la solicitud hasta el acceso a las prestaciones, que ahora es de 12 meses".

De igual forma "el copago se eleva en el servicio de residencia que tenía un máximo del 90% de la renta, y ahora se llega hasta el 100% para una plaza", o que antes había que reservar el 10% de la renta de la persona, lo que suponían unos 120 euros, y ahora se baja".

Rosique ha continuado diciendo que "en ayuda a domicilio se eleva la cuantía del servicio hasta un 150% se eleva por servicio", y que por lo tanto consideran "inaceptables los recortes que plante el Gobierno regional", y que van a presentar "enmienda a la totalidad y enmiendas parciales a la Ley".

Por otro lado, Retegui ha querido añadir para finalizar que "el dinero se puede sacar de otro lado", sobre todo ahora que "la Comunidades Autónomas pueden poner impuestos a las grandes superficies, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional", o que "el festival SOS 4.8 vale más que muchas prestaciones sociales, lo cual supone un disparate".