La marcha de Carlos Dívar deja en manos del vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, la dirección interina del órgano de gobierno de los jueces, al que llegó en 2008, a propuesta del PP, desde la consellería de Justicia del gobierno valenciano de Francisco Camps.

De Rosa (1959), un hombre de perfil moderado, es magistrado en excedencia y profesor universitario, además de un buen conocedor del funcionamiento de la maquinaria judicial, para cuya mejora diseñó numerosas propuestas como conseller de Justicia de la Generalitat valenciana, puesto que ocupó desde el 28 de junio de 2007 hasta que en 2008 fue designado vocal del CGPJ.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, se especializó en Derecho Privado y entró en la carrera judicial en 1984, siendo su primer destino un año después el Juzgado de Distrito número 2 de Torrent.

Tras pasar por varios juzgados de Valencia y Castellón, accedió a la categoría de magistrado en 1989 y en 2003 fue nombrado secretario autonómico de Justicia e Interior, cargo desde el que accedió a la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas el 28 de junio de 2007.

Encuadrado en el sector conservador del Consejo ha mantenido discreción en las disputas internas del CGPJ y en la polémica sobre los viajes de Dívar fue uno de los vocales que al principio dio el asunto por zanjado al considerar que era un tema "privado" y dijo que su dimisión era una decisión que quedaba en "el ámbito del presidente".

En uno de los plenos en los que se planteó la dimisión de Dívar, De Rosa llegó a pedir la renuncia del vocal José Manuel Gómez Benítez, por haber acudido a la Fiscalía antes de comunicar sus sospechas al CGPJ.

Sin embargo, ante la dimensión que alcanzó el escándalo, De Rosa acabó situándose entre quienes consideraban que el desgaste de la institución ya era insostenible.

Su perfil técnico ha marcado su paso por el Consejo, aunque tras el estallido del "caso Gürtel" su vinculación con Francisco Camps le hizo protagonista de más de un titular.

Primero, porque durante la instrucción de la causa tuvo que salir al paso de los informes periciales que apuntaban a la contratación irregular de las empresas de la trama por parte del Gobierno valenciano.

Esto llevó a De Rosa a negar tajantemente cualquier relación de la consellería de Justicia con las empresas de la red investigadas durante el periodo que ocupó ese puesto, entre junio de 2007 y septiembre de 2008.

El hasta ahora número dos del CGPJ fue también uno de los vocales que, junto a Margarita Robles y Gema Gallego, fueron recusados por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que pedía que no intervinieran en la tramitación de su suspensión cautelar por "enemistad manifiesta".

De Rosa, al igual que Robles, decidió abstenerse pero negó que, como alegaba Garzón, tuviera "interés personal en el asunto" por su "amistad íntima" con el todavía presidente de la Generalitat valenciana, recién salpicado por el caso de los "trajes" supuestamente pagados por la "trama Gürtel", en el que finalmente fue absuelto tras un juicio con jurado.

El vicepresidente del CGPJ, que sí admitió su amistad con Camps, no creyó sin embargo que eso pusiera en entredicho su objetividad, aunque decidió abstenerse para "preservar la independencia" del órgano de gobierno de los jueces, pese a que creía que no existía razón de peso para ello.

Ahora tendrá que emplear todos sus esfuerzos en preservar esa independencia y fomentar la transparencia del Poder Judicial, tras una crisis que ha situado al CGPJ en uno de los peores momentos de sus historia. Lo hará, ha dicho este jueves, sabiendo que su cargo es provisional pero sin intención de trasladar esa provisionalidad.