El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, hará efectiva este jueves su dimisión en un pleno extraordinario del órgano de gobierno de los jueces en el que anunció que comunicaría una decisión "rotunda y contundente" tras constatar la perdida de confianza de los vocales.
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Está bastante claro lo que quiero decir, y la próxima semana anunciaré una postura rotunda y contundente El orden del pleno, que fue convocado por el propio Dívar en principio para analizar la situación del órgano de gobierno de los jueces, se vio alterado tras la reunión del pasado sábado, en la que los miembros del CGPJ acordaron concederle una prórroga para que pudiera presidir los actos del bicentenario del Tribunal Supremo.
"Está bastante claro lo que quiero decir, y la próxima semana anunciaré una postura rotunda y contundente", señaló Dívar el sábado tras reconocer ante el CGPJ que la situación que ha provocado la polémica sobre los gastos de los viajes de fin de semana que cargó al Consejo era ya "insostenible".
Las fuentes del Consejo creen que lo más previsible es que Dívar comunique su renuncia al inicio del pleno, sin que se lleguen a debatir las dos propuestas de los vocales que reclaman su dimisión o cese y que, tras no ser finalmente votadas el pasado sábado, se han incluido en el orden del día.
Cinco de ellos -Margarita Robles, Inmaculada Montalbán, Félix Azón, Carles Cruz y Margarita Uría- consideraron en el último pleno que Dívar debía haber dimitido en ese momento, y el vocal José Manuel Gómez Bénitez, que le denunció ante la Fiscalía, pide su remoción del cargo por el incumplimiento grave de sus deberes.
Según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), la dimisión de Dívar dejará al vicepresidente, Fernando de Rosa, al frente del Consejo de forma interina y al presidente de sala más antiguo del Supremo, Juan Antonio Xiol, en la presidencia del alto tribunal hasta la designación de un nuevo presidente.
El propio De Rosa señalaba el martes pasado que cuando asuma ese cargo trabajará para "recuperar la credibilidad de los ciudadanos" y por dotar al órgano de la "máxima transparencia".
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