Abren diligencias por los daños causados por manifestantes a un funcionario y a las instalaciones de la Xunta

La CIG se desvincula de actos violentos de personas "a nivel individual" y asegura que la movilización concluyó sin incidentes

La Policía Autonómica ha identificado a varias personas y abierto diligencias por los incidentes causados por los manifestantes que, convocados por la CIG y los comités de empresa de Seaga, causaron daños este miércoles a un funcionario de la Consellería de Medio Rural y a las instalaciones de la Xunta en San Caetano.

La Xunta ha emitido un comunicado de prensa para rechazar "rotundamente" actos violentos como estos, que "hirieron a una persona y pusieron en peligro la seguridad de los trabajadores", asegura.

En concreto, el funcionario sufrió heridas en la cara a causa de una bengala, y tuvo que recibir asistencia médica por daños en un oído y en un ojo.

La nota de la Consellería de Presidencia denuncia que los manifestantes, "encapuchados", actuaron "con violencia" y portaban botes pesados, bengalas, bolas de vidrio y "otros objetos contundentes" que provocaron daños en puertas y ventanas, además de obligar a la evacuación de los funcionarios.

En declaraciones a Europa Press, el secretario xeral de la Federación de Servizos de la CIG, Paulo Rubido, ha destacado que la central nacionalista "se desvincula" de cualquier tipo de actos violentos, que "no son característicos de las movilizaciones en las que participa".

Asimismo, ha resaltado que la manifestación concluyó "sin que hubiera incidentes de esas características", pero que la CIG no responde de "lo que pueda hacer gente a nivel individual". Según el sindicalista, hasta el momento en que terminó la marcha y se plegaron las pancartas no hubo disturbios.

Censura del ppdeG

Por su parte, el Grupo Parlamentario del PPdeG, a través de la diputada Emma Álvarez Chao, también ha remitido a los medios un comunicado en el que censura el comportamiento "intolerable y totalmente repugnante" que atribuye a los manifestantes.

"Respetamos la libertad de expresión de las personas y el derecho de los trabajadores a manifestarse, pero entendemos que este tipo de acciones ponen en entredicho la voluntad de diálogo con la administración", concluye la nota, de forma casi análoga a la de la Xunta.

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