Elsur presenta un nuevo ERE sobre 143 personas, el 40% de su plantilla de servicios municipales en El Ejido

La empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido (Almería), ha presentado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter extintivo sobre 143 empleados, lo que supone un 40 por ciento de la plantilla actual de esta empresa participada en su mayoría por el socio privado Agua y Gestión, y en un 30 por ciento por el propio Ayuntamiento de El Ejido.

La empresa mixta de servicios municipales Elsur, de El Ejido (Almería), ha presentado un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) con carácter extintivo sobre 143 empleados, lo que supone un 40 por ciento de la plantilla actual de esta empresa participada en su mayoría por el socio privado Agua y Gestión, y en un 30 por ciento por el propio Ayuntamiento de El Ejido.

Fuentes sindicales de CCOO y del propio comité de empresa han confirmado a Europa Press la intención de poner en marcha este nuevo ERE que ha sido registrado en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Almería, ya que la empresa se encuentra en concurso de acreedores voluntario desde el 5 de julio del pasado año dado su estado de insolvencia, que achaca principalmente a una deuda con el Ayuntamiento ejidense de alrededor de 80 millones de euros, es decir, casi un 80 por ciento de su activo.

El expediente, que se ha trasladado a última hora de la mañana a las partes implicadas en formato físico distribuido en dos grandes volúmenes, está planteado para reducir el número de trabajadores según el sector y cargo sin proponer nombres concretos. Así, según un primer análisis, estaría basado principalmente en la falta de recursos derivados de la disminución del canon de 12 millones de euros aprobado para este ejercicio por parte del Ayuntamiento de El Ejido así como de otras fuentes de financiación para la empresa.

Elsur, que según el último sondeo cuenta con 358 trabajadores, constituye además el epicentro de la supuesta trama de corrupción municipal investigada en el marco de la operación 'Poniente', en la que se indagan supuestos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y contra la hacienda pública; lo que ha dado lugar a medidas como el bloqueo del pago de deudas a través del plan de pago a proveedores promovido por el Gobierno, entre otras.

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