El PSOE-A defenderá una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento de la próxima semana en la que insta a la Junta a demandar al Gobierno de la Nación que impulse el debate y aprobación, en su caso, de la proposición de Ley sobre Operaciones de Canje de las Participaciones Preferentes ya registrada en el Congreso de los Diputados, con el objetivo de que las operaciones de canje se lleven a cabo por el cien por ciento del valor nominal, y para ello, se den facultades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para autorizar estos canjes y velar para que exista la máxima transparencia acerca de las condiciones de la operación.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se plantea que los pequeños inversores puedan tomar sus decisiones con la mayor información posible y se respeten las normas de comercialización de productos financieros.

También se reclama que en los supuestos en los que las entidades financieras ofrezcan el canje por acciones, obligaciones subordinadas convertibles en acciones o cualquier otra de su grupo, la constitución de imposiciones a plazo fijo no sea superior a tres años, y que se establezca la prohibición de emisión y comercialización de las participaciones preferentes entre los clientes minoristas a partir de la entrada en vigor de dicha Ley.

Tras recordar que las entidades financieras y no financieras en España han venido comercializando participaciones preferentes entre sus clientes en los últimos años, el PSOE-A indica que en la gran mayoría de los casos, son inversores minoristas que confiaron en su entidad de depósito para colocar sus ahorros.

Según los socialistas, la comercialización de las participaciones preferentes emitidas por las entidades de crédito se produjo sin un nivel adecuado de transparencia y una evaluación previa de los conocimientos financieros y experiencia del inversor minorista, al tiempo que la gran mayoría de entidades indujeron a su clientela a convertir sus depósitos en estos productos financieros extremadamente complejos, que ofrecían mayor rentabilidad, siempre y cuando el banco obtuviese beneficios.

Sin embargo, según el PSOE-A, lo que no aclaraban suficientemente es que estos pequeños ahorradores dejaban de tener depósitos a plazo fijo y se hacían propietarios de participaciones preferentes, que al igual que la deuda subordinada, son considerados productos híbridos de capital, a medio camino entre la renta fija y la renta variable, y que tendrían que vender para recuperar su capital.

El PSOE-A explica que el problema se conoce cuando el cliente necesita su dinero y la entidad bancaria le informa que no puede disponer de él porque dicho producto financiero tiene carácter perpetuo y su eventual rescate queda a la exclusiva voluntad del emisor. Por tanto, según los socialistas, son muchos inversores minoritarios los que no pueden disponer de sus ahorros de toda una vida y se han sentido claramente engañados por la confianza que delegaron en su entidad financiera.

Asimismo, el grupo socialista pone de manifiesto que, desde 2011, se han detectado casos de entidades en los que no ha quedado acreditado que hayan llevado a cabo una gestión adecuada de sus instrucciones de venta de dichas participaciones preferentes.

En opinión de los socialistas, para que no vuelva a ocurrir este problema, es necesario regular mejor este tipo de conductas y obligar a las entidades financieras a ofrecer información suficiente y pormenorizada, sobre los riesgos y condiciones de los productos financieros que ofrecen a sus clientes minoristas. También es necesario, según el grupo socialista, que presten asesoramiento financiero adecuado al perfil de sus clientes, y certificados de idoneidad de los productos que van a comercializar entre los usuarios de servicios financieros.