Las cifras marean. Se trata de la mayor operación urbanística de España por inversión económica, con unas plusvalías calculadas en 1.200 millones de euros para Fomento y 7.300 para los propietarios del suelo.
Pero si hay una cifra que de verdad impacta es la del bloqueo del proyecto, que lleva 13 años estancado por las diferencias entre las distintas administraciones.
Polémicas y diferencias
Ayer se celebró una nueva reunión del Consejo Rector del Consorcio de la Operación, un grupo de trabajo en el que están representados el Ayuntamiento, la Comunidad y Fomento y que es el encargado de decidir qué se hace con las plusvalías.
Pero aquí surgió de nuevo el desacuerdo. Ayuntamiento y Comunidad exigieron al ministerio que muestre el acuerdo escrito firmado con la empresa Desarrollo Urbanístico de Chamartín (DUCH), la encargada de gestionarlo, y se negaron a continuar las negociaciones hasta que se les muestre el documento que certifica el acuerdo.
La respuesta de la consejera de Transportes, Elvira Rodríguez, no se ha hecho esperar y ha asegurado que la situación es "kafkiana".
Guerra por las infraestructuras
El problema fundamental radica en qué hacer con las plusvalías y cómo repartirlas en infraestructuras. La situación es la siguiente: la Comunidad pide que se gaste en un metro en el norte y el cierre por el norte de la M-50.
Mientras, Fomento iniste en que lo gastará en actuaciones en los bus vao o una alternativa a la M-50 entr las nacionales 1,5 y 6.
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