El Centro por los Derechos Económicos y Sociales ha advertido a España de que los recortes presupuestarios aprobados "ponen en peligro" los derechos económicos, sociales y culturales, y aumentan las desigualdades entre la población. Los recortes, que se han adoptado sin realizar una evaluación previa de su impacto y afectan especialmente a niños y jóvenes, habrían sido menores si España hubiera realizado "mayores esfuerzos para generar recursos de forma no discriminatoria".

Estas son algunas de las conclusiones y recomendaciones de un informe basado en el análisis de datos estadísticos oficiales con motivo de la comparecencia en mayo del Estado español ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. "Más que adoptar medidas de austeridad que vulneren derechos económicos y sociales", España debería combatir la evasión fiscal de grandes empresas y fortunas, y combatir la economía sumergida, aconseja el Centro CESR (por sus siglas en inglés).

"El no aprovechar estos recursos de forma más equitativa no sólo repercute negativamente en la calidad de los servicios y bienes públicos, sino que también supone una carga tributaria desproporcionada sobre aquellos individuos y pequeñas empresas que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, dando lugar a desigualdad tributaria", señala.

Así, el informe advierte del impacto negativo que la crisis económica y las respuestas del Gobierno han tenido sobre "el disfrute del derecho al trabajo y a unas condiciones laborales decentes" como demuestra el hecho de que una cuarta parte de la población activa y la mitad de las personas jóvenes se encuentran en situación de desempleo.

"Esta situación ha puesto en peligro la capacidad de una gran parte de la población para ejercer otros derechos, especialmente el derecho a un nivel de vida adecuado y el derecho a una vivienda asequible", subraya el informe. El CESR analiza los principales indicadores sociales y económicos -incluyendo el "marcado aumento" de los niveles de pobreza y desigualdad de ingresos- junto con los "drásticos recortes" en el gasto social, y advierte de que la situación "apunta a un retroceso en los derechos con gravísimas consecuencias en la vida de las personas más vulnerables".

Además, advierte de que los datos oficiales consultados ponen de manifiesto "marcadas disparidades" por motivos de género, edad, nacionalidad, situación geográfica y estatus socioeconómico. Con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la OCDE, el Eurostat y Agencia Tributaria, entre otros, el informe destaca que el poder adquisitivo de los trabajadores con menos ingresos "está siendo continuamente reducido".

También que las "enormes brechas salariales" entre hombres y mujeres, inmigrantes y españoles, ricos y pobres, no hacen sino aumentar hasta el punto de que España presenta el nivel más alto de desigualdad de ingresos de los países de la UE-15, y el tercero de la UE-27.

Tras plantear esta situación, el informe analiza las medidas presupuestarias y fiscales adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis a través de "severos recortes" centrados en sectores sociales como la educación, vivienda y seguridad social, pese a que el gasto social per cápita en España era "relativamente bajo".

Así, el CESR subraya que "los indicadores relativos a los ingresos públicos en España, muestran que el Estado podría realizar esfuerzos más equitativos para generar recursos potenciales como alternativa a las medidas de austeridad". Entre otros, destaca la posibilidad de realizar "mayores esfuerzos" para reducir el tamaño de la economía sumergida, una de las mayores de la UE-15, y que supone una pérdida de ingresos fiscales para el Estado de unos 88.000 millones de euros, en 2010, según estimaciones del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA).

Según cálculos de GESTHA citados en el informe, si España redujese el tamaño de su economía sumergida en diez puntos porcentuales lograría la generación adicional de 38.000 millones de euros al año, una cifra que supera la cantidad total de los recortes en los Presupuestos Generales del Estado para 2012. Así, "más que adoptar medidas de austeridad que vulneren derechos económicos y sociales el Estado debería realizar mayores esfuerzos para generar recursos de forma no discriminatoria", subraya CESR.