Sentencias polémicas, copago, viajes bajo sospecha, filtraciones, falta de recursos... La Justicia está siempre, por una cuestión u otra, en el ojo de huracán. Los españoles, según el último barómetro del CIS, no consideran que esté entre los principales problemas del país —ni mucho menos—, aunque tampoco sus mayores representantes, los jueces, gozan de mucha de su confianza: el 24,4% confía "bastante" en ellos; el 37,6%, "poco".
A esta percepción subjetiva de la realidad judicial han contribuido, sin duda, determinados episodios mediáticos ocurridos en los últimos años. De hecho, en palabras del magistrado Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, los ciudadanos parecen apreciar que la Justicia "funciona razonablemente bien en unos niveles", pero en cuanto se trata de abordar "determinadas cuestiones de cierta envergadura", consideran que "no es igual para todos".
Todos estos factores pueden estar detrás del inesperado boom de propuestas ciudadanas alternativas al sistema jurídico actual. No en cuanto a los veredictos en sí o en relación a la eficacia del procedimiento final, sino respecto a la capacidad, la voluntad y la rapidez de la Administración para perseguir ciertas conductas supuestamente irregulares. Las propuestas van desde plataformas para facilitar acciones hasta la planificación de querellas concretas.
"El miedo ha cambiado de bando"
15mPaRato, impulsada por colectivos ligados al 15-M, recaudó 19.413 euros en tiempo récord para poder presentar una querella contra Rodrigo Rato por su presunta responsabilidad en la actual situación de Bankia, que ha pedido al Estado 20.000 millones de euros. Les indigna que "haya habido personas con comportamientos irregulares reiterados y contraproducentes, que ahora estamos pagando los ciudadanos", explicaron en mayo a 20minutos.es.
Su plan es a cinco años e incluye acciones posteriores contra otras personas, como Zapatero o AznarSe han apuntado, aseguran, 50 accionistas y "decenas de testigos internos". La buena acogida se ha traducido en celeridad: el 14 de junio presentarán la querella en rueda de prensa. No obstante, su plan es a cinco años e incluye acciones posteriores contra otras personas, como los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar. "El miedo ha cambiado de bando", apuntan en su página web, "se ha acabado la impunidad".
Para captar fondos han acudido al crowdfunding a través de la plataforma Goteo.org, que probablemente volverán a utilizar para conseguir los 80.000 euros adicionales que calculan que necesitará la investigación. El proyecto es colaborativo en todos los aspectos, ya que la documentación está siendo aportada por "la ciudadanía"; abogados y periodistas, que estudiarán y verificarán toda esa información, se han ofrecido también para la causa.
No hay proporcionalidad
El magistrado Bosch no considera que exista un "doble rasero" en la Justicia, pero sí opina que las leyes "no están orientadas en una proporcionalidad con el delito cometido".
Hasta hace poco, por ejemplo, los inmigrantes que vendían artículos piratas en el top manta iban a la cárcel -hasta que cambió el Código Penal-, mientras que un político que ha estafado al país "recibe una condena menor". Aunque esto no es así siempre, recuerda Bosch mencionando entre otros el proceso contra Jaume Matas, hay sobre el papel resoluciones "que pueden ser discutibles" y el "desencanto ciudadano" es evidente.
Los grandes casos de corrupción no tienen un tratamiento rápido diferenciadoHay dos elementos que, sin duda, condicionan los procedimientos: el tiempo y el dinero. "Los grandes casos de corrupción no tienen un tratamiento rápido diferenciado" dentro de la legislación procesal, dice Bosch, añadiendo que no hay recursos ni juzgados especializados o con refuerzos suficientes para afrontarlos. Mientras procesos como el de Carlos Fabra, presidente del PP de Castellón, van camino de cumplir los nueve años de instrucción, otros se solventan en una semana, con juicios rápidos.
En este sentido, apunta, "el organigrama judicial español no está preparado para una investigación como la de Bankia", que ya ha pasado a manos de la Audiencia Nacional. Y además, esta investigación no es prioritaria. En cuanto al dinero, medidas como las anunciadas tasas en segunda instancia "van a provocar una situación de desigualdad procesal", si bien es cierto que el ámbito penal se libra de estos recargos.
Juicio popular, "como si fuera real"
El Tribunal Ciudadano de Justicia, nacido de una asamblea del 15-M en el Barrio del Pilar de Madrid y presentado oficialmente durante las movilizaciones del #12M15M, maneja tiempos algo más cortos, aunque sus objetivos son más amplios. Sus actuaciones van dirigidas contra "los responsables de cajas y bancos que han realizado sobretasaciones indebidas y concedido créditos igualmente indebidos", explica a 20minutos.es Rita, una de las participantes.
Van contra "los responsables de cajas y bancos que han realizado sobretasaciones indebidas y concedido créditos igualmente indebidos"Unos 2.000 expedientes de personas "estafadas", dicen, por las entidades -reunidos con la ayuda de varias asociaciones-, un protocolo "riguroso" y un grupo de "profesionales", entre ellos abogados y periodistas, son algunos de los elementos previos necesarios para la consecución del objetivo final de este colectivo: celebrar un juicio ciudadano a unos acusados que en su día solo se preocuparon de "abrir el abanico de clientes" de sus bancos; unas personas que, entre otras cosas, "ahora no pueden pagar" las hipotecas que les concedieron.
Todo el proceso será simulado, pero se hará "como si fuera real". Y para ello se han constituido ya los grupos de trabajo de Juicio y Jurado —los miembros serán elegidos por sorteo entre voluntarios—, Comunicación, Coordinación y, por supuesto, Fiscalía, que recopilará los expedientes. Todo pasará por una Asamblea General. Calculan, dice Rita, que tardarán en total año y medio, aunque dependerá "del ritmo" de cumplimiento de su hoja de ruta, para el que no pedirán dinero, "ni para fotocopias".
Los cargos se presentarán de forma pública colectiva y, tras el juicio oral, habrá una "comunicación de la sentencia" y una manifestación de todas aquellas personas que han colaborado en la constitución del tribunal, incluidos "pueblos y barrios"; la documentación será entregada posteriormente junto a una denuncia en el juzgado "competente" con el fin de presionar para que se abra una investigación. El modelo del TCJ, explican, es abierto y "exportable": les llueven las peticiones de información.
"Hay mucho que mejorar"
La Justicia, señala el magistrado Bosch, no genera mucha atención, principalmente porque no es algo que "aporte votos" a los políticos. Por eso cree importante que haya debate, que los ciudadanos "se sensibilicen" y que a su vez creen sensibilización sobre estos temas. Este tipo de actuaciones colaborativas, añade, son muy positivas. "La Justicia tiene mucho que mejorar", dice.
El programador y empresario Pablo Soto va un poco más allá. En su opinión, los poderes Ejecutivo y Legislativo "los tenemos perdidos", no así el Judicial, por no estar politizado y donde además él cree que hay "muchos juristas indignados".
Un grupo de juristas valorará si hay posibilidad de "reproche jurídico" y por qué vía: civil, penal, administrativa o europeaAsí, está dando forma a una plataforma online llamada Tomaparte, que está en una fase muy incipiente y cuya idea surgió al enterarse, por ejemplo, de las dificultades de algunas personas a la hora de denunciar actuaciones policiales tras una "carga desproporcionada" o por conocer de primera mano, durante cuatro años, la farragosa rutina de los procesos judiciales.
Son solo dos ejemplos. El proyecto admitirá cualquier petición ciudadana a la que, de forma colaborativa, se podrán aportar información, testimonios o pruebas. Un grupo de juristas expertos valorará si hay posibilidad de "reproche jurídico" y por qué vía: civil, penal, administrativa o europea. También se valorará el potencial coste del procedimiento y se utilizará el crowdfunding para cubrirlo. La web estará lista "en pocos meses", añade Soto.
La comunidad que se genere en torno a Tomaparte podrá, además, votar por las propuestas que considere más interesantes o prioritarias y los abogados y procuradores que lo deseen podrán aportar su tiempo y sus conocimientos al proyecto.
Pero hay un elemento novedoso: toda la documentación de los casos será liberada, en la línea de lo que Javier De la Cueva, experto en propiedad intelectual y defensor de Soto en el litigio con las grandes multinacionales discográficas, viene realizando con los llamados Procedimientos Libres. Soto resume su iniciativa en dos palabras: juntar "inspiraciones".
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