El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional para la investigación de la querella presentada por el sindicato Manos Limpias contra el exgobernador del Banco de España y los expresidentes de la entidad Bankia por delitos de imprudencia grave en el control de la sociedad, societario, de administración desleal y malversación de caudales públicos.
Según explica el juzgado madrileño en un auto hecho público este lunes y fechado el pasado día 8 de junio, la Audiencia Nacional es competente en este caso ya que en aplicación del artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial debe investigar "defraudaciones que produzca un grave perjuicio a la economía nacional".
Exige al menos la apertura de una investigaciónEn opinión de la magistrada titular del Juzgado, Mercedes Gutiérrez Suárez, "el importante y conocido quebranto patrimonial" que ha tenido lugar en la entidad "exige al menos la apertura de una investigación por las posibles consecuencias en el sistema financiero y económico nacional".
El auto menciona que la Audiencia Nacional investiga ya otras entidades financieras como las Cajas de Ahorros de Castilla la Mancha y del Mediterráneo. Así la juez decide que "por las posibles consecuencias para la economía nacional y por afectar a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia" es procedente inhibirse en la investigación.
Manos Limpias se querelló contra los expresidentes de la entidad, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, y contra el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, acusándoles de delitos de imprudencia grave y falsedad de balances y documentos mercantiles. Manos Limpias pretende ampliar su causa y querellarse "no solo contra los expresidentes, sino también contra consejeros", según explicó recientemente a 20 Minutos su presidente, Miguel Bernard.
Esta petición obligó a la Fiscalía Anticorrupción a abrir una investigación sobre lo sucedido en Bankia. Los fiscales encargados del caso han solicitado información al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a la propia entidad financiera y a la auditora Deloitte por presuntos delitos contables, estafa, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal.
Piden los datos de la auditoría de Deloitte
En otro orden de cosas, la Federación de Cuadros y Profesionales de Cajas de Ahorros (Fepca, en la que se encuadra el segundo sindicato en importancia en Bankia, Accam) ha solicitado ha solicitado a la Auditora de Bankia (Deloitte S.L) una serie de documentación con el objetivo de aclarar las divergencias que la Federación ha detectado entre los Estados Financieros Trimestrales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011 de Bankia, y las cuentas anuales de dicho ejercicio, recientemente formuladas.
Fepca da un plazo de diez días a Deloitte para que les entregue la documentación pertinente para poder aclarar como las cuentas pasaran de presentar beneficios a unas cuantiosas pérdidas.
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