En el Reino Unido miles de personas, en muchos casos menores de edad, son obligadas cada año por sus familias a contraer matrimonios forzosos, una experiencia que muchas veces acaba en agresiones, violaciones e incluso suicidio.

El Gobierno británico calcula que el año pasado se produjeron 8.000 casos, sobre todo entre la comunidad paquistaní, pero también en otras originarias del sur de Asia, Oriente Medio, África e incluso Europa.

"Se trata de un práctica muy extendida entre determinadas comunidades en las que impera el control familiar", explicó esta semana Diana Nammi, directora de IKWRO, una organización que cada año trata con más de cien casos relacionados con mujeres de Irán y el Kurdistán que viven en el Reino Unido.

Nammi sostiene que a veces esta práctica, que calificó como "un delito que arruina la vida de los afectados" (hombres y mujeres) y que les deja "terribles huellas psicológicas", está motivada por problemas económicos.

"Es muy común que las familias intenten resolver sus dificultades financieras casando a sus hijos con miembros de su comunidad que les pagan dotes sustanciosas", relató.

La unidad especial creada por el Gobierno británico para hacer frente a este problema registró el año pasado 400 casos en los que las víctimas eran menores de edad, incluida una niña de cinco años.

La mayoría de estos matrimonios se produce durante viajes de la familia a su país de origen, donde los afectados permanecen un tiempo antes de volver al Reino Unido o bien se quedan de por vida. Este fue el caso de Sameem Ali, de 42 años, que, tras haber sido víctima de un matrimonio forzoso, se ha convertido en una de las caras británicas más visibles del problema y ahora se dedica a ayudar a otros afectados.

Ali tenía 13 años cuando su madre la llevó de vacaciones a Pakistán, algo que en un principio le resultó emocionante, hasta que se dio cuenta de que el objetivo era casarla con un hombre que le doblaba la edad y al que no conocía. Meses después, tras haber sido víctima de violentas agresiones, volvió al Reino Unido embarazada y, tras enfrentarse con su familia, consiguió finalmente divorciarse y emprender una nueva vida.

Casos como el de Ali son descritos por Aisha Gill, criminóloga de la universidad londinense de Roehampton, como "una violación del derecho a la autonomía del ser humano". La autora del libro Matrimonios forzosos explicó que, aunque también hay hombres entre las víctimas, la mayoría son mujeres, por lo que calificó esta práctica de "un claro ejemplo de violencia de género".

Desde 2008, las autoridades británicas decidieron hacer frente al problema y pusieron en marcha una unidad dependiente del Ministerio de Interior que se encarga, incluso, de repatriar a aquellos que son obligados a casarse en el extranjero. Además, se creó un mecanismo legal para proteger a las personas que sienten la amenaza de convertirse en víctimas de matrimonios forzosos.

Ahora, el Gobierno ha querido ir más lejos y propone criminalizar esta práctica, que con la nueva ley podría conllevar penas de prisión para los padres. "Es una medida necesaria. Es importante lanzar un mensaje claro a estas comunidades de que el matrimonio forzoso no es algo cultural, es un delito inadmisible", sostiene Diana Nammi.

Una postura muy contestada por parte de otros expertos y afectados que consideran que la ley puede tener un efecto contrario y disuadir a las víctimas de denunciar por temor a que sus familias sean castigadas. Así lo cree Aisha Gill, quien señala además que la medida puede suponer que las víctimas que denuncien puedan enfrentarse a castigos más duros por parte de sus padres y que estos, para evitar el procesamiento, envíen a sus hijos durante más tiempo a otros países.