Los servicios mínimos "excesivos" de España restringen el derecho a la huelga

Varios gobiernos autonómicos de España están restringiendo el derecho a la huelga al imponer servicios mínimos "excesivos", según denuncia el informe anual sobre violaciones de los derechos sindicales elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI).

La coordinadora del informe, Sara Hammerton, opinó que la situación del movimiento sindical en España "es peor" que hace unos años y recordó que dos décadas atrás "en España había huelgas bastante fuertes".

El informe, publicado este martes, denuncia explícitamente los servicios mínimos del 90 % impuestos por el Gobierno de la Comunidad Valenciana y recuerda que en el sector del transporte el derecho a huelga se limita durante los periodos de vacaciones "basándose en la necesidad de facilitar el libre movimiento de los turistas".

"La OIT (Organización Internacional del Trabajo) tiene una definición sobre lo que son los servicios mínimos y está muy claro cuales son aquellos esenciales, por ejemplo los hospitales, pero hay otros que no son absolutamente necesarias y que, sin embargo, sí cuentan como servicios mínimos", criticó Hammerton.

Horas y personal para actividades sindicales

Asimismo, el documento acusa a los gobiernos de Madrid, Murcia, Baleares, Castilla la Mancha y la Comunidad Valenciana de "incumplir compromisos" relacionados con los derechos sindicales, ya que estas autonomías redujeron el número de horas y personal dedicado a las actividades sindicales y eliminaron las instituciones encargadas de promover el diálogo entre sindicatos y empleadores.

Los jóvenes son los que más están sufriendo las medidas de austeridad y no suelen identificarse con los sindicatos

En el caso de España también se denuncia el "descrédito sistemático" al que están sometidos los sindicatos en ciertos medios de comunicación, si bien el informe no precisa en cuáles.

La coordinadora del informe opinó que la situación de los derechos sindicales "tiene problemas en todo el mundo" y agregó que en el sur de Europa se perdió fuerza sindical en comparación con otros países del continente.

Hammerton opinó que en la situación de crisis económica "es mucho más complicado organizar a la gente, porque nadie quiere arriesgarse a perder el empleo" y en, este sentido, opinó que el movimiento de "los indignados" en España puede ser "positivo para el sindicalismo".

"Los jóvenes son los que más están sufriendo las medidas de austeridad y no suelen identificarse con los sindicatos. Para ellos es algo de viejos, pero 'los indignados' se acercan a los ideales del movimiento sindical", agregó.

"El ataque a los derechos sindicales ha cambiado de naturaleza, en todo el mundo ahora es un ataque menos frontal y más sutil", concluyó Hammerton, quien se mostró optimista porque la llegada al poder en Francia del Partido Socialista "pueda ayudar al sindicalismo en Europa".

Latinoamérica: peligrosa para los sindicalistas

Los sindicalistas latinoamericanos son víctimas de los mayores niveles de violencia del mundo con respecto a los de otras regiones y enfrentan nuevos tipos de ataques, más sutiles, como los cambios legislativos contrarios a los derechos de los trabajadores, entre ellos a la negociación colectiva.

Hammerton, quien dijo que -con 56 sindicalistas asesinados en 2011- la región es "de lejos" la más peligrosa para los líderes de los trabajadores. De esas muertes, 29 ocurrieron en Colombia, con respecto a 76 muertes violentas de sindicalistas registradas en todo el mundo el año pasado.

En 2011 "se reconoció por primera vez en Colombia la responsabilidad del Estado en la muerte de un sindicalista ocurrida en 2004", a través de un fallo judicial y -tras recalcar que los 29 asesinatos del año pasado sean extremadamente graves- recordó que los líderes sindicales asesinados en este país en 2001 fueron 184.

Además de la violencia, el informe denuncia que "la legislación en la mayoría de países latinoamericanos impide o dificulta la organización de los trabajadores. Existen leyes que imponen excesivas condiciones para la formación y operación de los sindicatos".

Asimismo, sostiene que los derechos sindicales son gravemente violados en la región en cuanto a la negociación colectiva en el sector público.

"La legislación nacional de los países de la región prohíbe o ignora este derecho", recalca.

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